Los corredores inmobiliarios miran con buenos ojos la media sanción que el Senado le dio al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual incorpora cambios en los procesos de desalojo. Para el sector, una Justicia más rápida podría reducir la incertidumbre de los propietarios y favorecer la incorporación de inmuebles al mercado de alquileres.
Jorge Pighin, vicepresidente de FIRA, sostuvo en diálogo con LT10 que el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada no deberían plantearse como intereses contrapuestos.
“Pensamos que si dentro de la sociedad no hay seguridad jurídica, el derecho a la vivienda nunca se va a cumplir”, afirmó.
Para el dirigente, la seguridad jurídica tiene un impacto directo sobre la construcción y la oferta habitacional. “Sin lugar a dudas, estas medidas van a generar desarrollo para el país porque, donde hay construcción, hay más vivienda y más empleo”, señaló.
El principal reclamo: acelerar los desalojos
Uno de los puntos que más valoran los corredores inmobiliarios es la posibilidad de reducir los tiempos de los procesos judiciales cuando un contrato no se cumple.
Pighin aseguró que actualmente recuperar una propiedad se ha convertido en un trámite extremadamente prolongado. “Hoy en día es muy engorroso un trámite de desalojo. Estamos hablando de un promedio no menor a cinco años”, sostuvo durante la entrevista.
Según explicó, los plazos varían de acuerdo con cada caso y las dificultades que aparezcan durante el proceso. “Podemos estar en los tres, cuatro o dos años y medio, según la oposición que haya”, detalló.
El dirigente relató un caso que recuerda especialmente tras 47 años de profesión: un desalojo que demoró casi cinco años y en el que fue necesario realizar cinco lanzamientos. La vivienda había sido ocupada por una persona que acumulaba animales. “Cuando se entregó esa propiedad, se sacaron tres contenedores de basura. ¿Cómo terminó la vivienda? Demolida, porque no se pudo recuperar”, contó.
Para Pighin, situaciones de este tipo terminan afectando al conjunto del mercado porque aumentan los riesgos que perciben los locadores. “Hace que los alquileres aumenten y que uno se tenga que asegurar con más garantías”, explicó.
“Premiar al inquilino que cumple”
Aunque el sector inmobiliario reclama mayor protección para los propietarios, Pighin planteó que el objetivo no debería ser favorecer a una de las partes por sobre la otra.
“Hay cosas en las que no hay que privilegiar a uno ni a otro. Tienen que ser parejas y premiar al inquilino que cumple, porque esto es premiar al cumplidor del contrato”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que un sistema con reglas claras beneficia también a quienes cumplen regularmente con el pago del alquiler.
El proyecto establece, entre otros cambios, una intimación previa al inquilino antes de iniciar un desalojo por falta de pago y contempla procedimientos judiciales más breves. La iniciativa todavía debe ser tratada por la Cámara de Diputados.
El sector también advierte sobre los inquilinos vulnerables
El respaldo de los corredores inmobiliarios no implica, según Pighin, desconocer las dificultades económicas que atraviesan algunas familias.
“No todas las familias han dejado de pagar por ser malos inquilinos e incumplidores; han tenido problemas”, explicó.
Por eso, consideró que la aceleración de los procesos judiciales debe estar acompañada por políticas de asistencia estatal para quienes no pueden afrontar el alquiler. “El Estado va a tener que estar preparado para darle esa asistencia a esas familias que hoy están en situaciones de vulnerabilidad”, afirmó.
Qué esperan que pase con los alquileres
Pighin vinculó la discusión sobre los desalojos con otro problema del mercado: la cantidad de propiedades disponibles para alquilar.
Según los datos que aportó durante la entrevista, en diciembre de 2023 la oferta de alquileres en Santa Fe era prácticamente inexistente. Desde entonces, aseguró, aumentó más de un 300%.
“Ya empezaron a bajar los alquileres en función de los contratos nuevos y de la oferta que está habiendo”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó los departamentos de un dormitorio, una de las unidades más buscadas en Santa Fe por la presencia de estudiantes. Según explicó, una propiedad que en enero de 2024 se alquilaba entre $180.000 y $200.000, con las actualizaciones de un contrato bajo el ICL hoy se ubicaría entre $720.000 y $760.000. “Hoy se consigue en 600.000 pesos”, afirmó al referirse a los valores de la oferta actual.
Para el vicepresidente de FIRA, una mayor previsibilidad para los propietarios contribuirá a que más inmuebles ingresen al mercado y, con mayor oferta, se moderen los precios.
Piguin también señaló que la morosidad viene en aumento: pasó de un 1,28% durante el último semestre de 2025 a un 2,8% en el primer semestre de 2026. Las rescisiones de contratos, en tanto, habrían pasado del 0,2% al 4%.
El proyecto que genera expectativas en el sector inmobiliario todavía no es ley. La media sanción del Senado deberá ser revisada por la Cámara de Diputados y podría sufrir modificaciones antes de una eventual aprobación definitiva.