Una familia de nuestra región inició una intensa búsqueda y una campaña de solidaridad contra el reloj. Mara Mendoza y Flavio Poldi, padres de Julia, una niña de seis años que tiene síndrome de Down y otras complejidades de salud, informaron la pérdida del implante coclear de la menor, un dispositivo tecnológico fundamental para su audición y su desarrollo lingüístico. El extravío ocurrió hace una semana en el trayecto comprendido entre las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.
En diálogo con LT10, Flavio explicó que se dieron cuenta de la falta del aparato al llegar a una de las sesiones de terapia de la niña. "La rutina era la de siempre: mi esposa me buscó al salir del trabajo y fuimos a las sesiones de fonoaudiología y psicopedagogía. Fue allí donde nos preguntaron por el audífono. Inmediatamente rehicimos todo el recorrido que habíamos iniciado a la mañana, pero no tuvimos resultados", relató el padre. Aunque se reportó el hallazgo de un dispositivo similar en la zona, la familia constató que no pertenecía a Julia.
Mara detalló la gravedad que representa la ausencia del procesador para el día a día de su hija, ya que es la única herramienta que le permite interactuar con su entorno de manera fluida. "Julia se encontraba en el tercer nivel de adaptación, un estadio donde prácticamente ya puede hablar y expresar si le duele algo. Perder el implante significa una desconexión; corre el riesgo de volver a encerrarse en sí misma y perder los logros alcanzados", advirtió la madre. Además, especificaron que el oído izquierdo de la menor solo posee un 25 % de audición natural.
La urgencia también es médica. Si el estimulador interno implantado en la cabeza de la niña permanece inactivo de forma prolongada, corre el riesgo de degradarse y generar complicaciones que obligarían a una intervención quirúrgica para su extracción. El dispositivo extraviado es un procesador externo de la marca Medel, de color negro en la parte superior y marrón claro en la base, con un formato similar al de un audífono convencional. Al estar calibrado de manera exclusiva para la fisonomía y las necesidades de Julia, el aparato no tiene ninguna utilidad técnica para otra persona.
Campaña solidaria ante los tiempos de la obra social
La familia ya solicitó los presupuestos correspondientes a la empresa proveedora en Buenos Aires y Rosario. Aunque no disponen de la cifra oficial, estiman que el valor del procesador duplicará el costo del imán adquirido el año pasado, el cual se ubicó en los 2,5 millones de pesos. Si bien realizaron los trámites ante su obra social, los padres señalaron que los tiempos burocráticos del sector no coinciden con la necesidad inmediata de la niña. "Sabemos que la obra social tiene sus procesos y sus papeleríos, pero todo eso demanda mucho tiempo", indicaron.
Ante este panorama, y con el apoyo de sus compañeros de trabajo, los padres organizaron una rifa solidaria que saldrá a la venta este viernes. Se emitirán 2000 números a un valor de 3000 pesos cada uno. El primer premio consistirá en una bicicleta y los restantes incluirán una canasta de alimentos y servicios donados por comerciantes locales, como órdenes de peluquería.
La recaudación obtenida también servirá para solventar la estadía de la familia en Buenos Aires cuando la niña deberá someterse a sus controles médicos habituales. Aunque inicialmente tenían previsto realizar una venta de pastas —una actividad recurrente desde el nacimiento de Julia para financiar los traslados sanitarios—, optaron por la rifa debido a que ofrece una resolución económica más rápida de cara al viaje programado para la semana entrante.
Mendoza concluyó con una reflexión sobre las dificultades estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en la Argentina, señalando que casi la totalidad de los insumos y repuestos médicos son importados. "El mundo de la discapacidad tiene un lado cruel ligado a los papeles y a los costos altísimos de los materiales. Cuando los aparatos llegan a la aduana sufren demoras excesivas. Con el primer implante que tuvo Julia, el equipamiento estuvo retenido casi 40 días a pesar de que la obra social había presentado todos los formularios en tiempo y forma. Es ahí donde el Estado debería facilitar las cosas y no demorarlas", finalizó.
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