La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, expuso en conferencia de prensa dio detalles de la auditoría realizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en la cual detectaron que el titular de una asociación civil de la capital provincial utilizaba la tarjeta institucional —destinada al sostenimiento de comedores comunitarios— para costear consumos personales en reconocidas cadenas de hamburgueserías, cafeterías de Nordelta y locales comerciales de Rosario. El acusado, que recientemente mantuvo una huelga de hambre frente a la Casa de Gris, ya fue denunciado penalmente y se descubrió que fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) tras registrar un masivo ausentismo laboral.
"Les estoy mostrando los gastos que una organización social percibía a través de la tarjeta institucional del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y los desvíos que hacían en comedores, quioscos y locales de comidas rápidas", señaló Coudannes ante los medios, exhibiendo un extenso listado impreso que detallaba los movimientos de la cuenta oficial entre marzo y mayo.
La funcionaria ironizó sobre el perfil del implicado, trazando un paralelismo entre sus reclamos públicos y su conducta privada: "Pasó de la huelga de hambre al Big Mac y sin escalas. Esta misma persona, que estaba hasta hace unos días en las puertas de la Casa de Gobierno trasladando supuestas inquietudes como la voz de los santafesinos, gastaba los fondos de la asistencia alimentaria de chicos y chicas en sus gustos personales".
De acuerdo con el desglose del monitoreo oficial, el dinero estatal que debía garantizar la ración diaria en los barrios vulnerables se desvió hacia un circuito gastronómico comercial e inmobiliario que incluyó paradas en el conurbano bonaerense y el sur provincial.
"Estuvo en el Starbucks de Nordelta, en locales de McDonald's, Burger King y Mostaza. En general, se ve que le gustaban las hamburgueserías, pero no le importaba el bienestar de los chicos. También detectamos consumos bajo el mismo modus operandi en la zona de Pichincha, en la ciudad de Rosario", detalló la secretaria gubernamental.
La funcionaria recordó que el objetivo de estas partidas es estrictamente el financiamiento de copas de leche y la compra de insumos básicos en panaderías y carnicerías de barrio para los sectores vulnerables, por lo que el uso de plásticos oficiales en grandes cadenas comerciales representa un claro fraude al Estado.
Exonerado de la EPE por faltar más de 1.300 días
A la par de la denuncia por malversación de fondos, la Casa de Gris ventiló la situación laboral del dirigente con el Estado santafesino. Coudannes confirmó que el investigado posee un legajo crítico dentro de la administración pública que derivó en la pérdida de su puesto de trabajo en la empresa eléctrica estatal.
El dirigente acumulaba un proceso de destitución en la Empresa Provincial de la Energía (EPE). De un total de 2.000 jornadas laborales obligatorias en las que debía prestar servicios, el agente solo asistió a trabajar 651 días.
Ante las inasistencias injustificadas, la administración provincial decretó su exoneración definitiva de la firma pública.
"Vamos a poner los puntos sobre las íes. El gobernador Maximiliano Pullaro es muy claro en esto: lo que ingresa por impuestos se invierte en infraestructura, obras, desarrollo productivo, medicamentos y asistencia. No podemos mirar para otro lado ante este descaro", enfatizó la vocera.
Causa judicializada y continuidad del servicio
Al ser consultada respecto al futuro del dinero desviado y la continuidad de la asistencia para las casi 350 personas que concurrían a la institución sancionada, Coudannes aclaró que el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano ya formalizó la demanda penal ante el Ministerio Público de la Accusación (MPA).
"Esto ya se encuentra judicializado. Hay una denuncia penal en marcha por el uso indebido de fondos públicos y será la comisión directiva de la asociación civil la que deba responder ante los tribunales. Nosotros vamos a ir a fondo y acompañaremos todas las medidas que determine la Justicia para que se devuelva hasta el último centavo", remarcó.
Finalmente, las autoridades provinciales ratificaron que la política de auditorías en comedores y copas de leche, iniciada en 2024, continuará de forma permanente para detectar "instituciones fantasma" o intermediarios que lucren con los recursos públicos, garantizando que la ayuda llegue de manera directa y transparente a las familias santafesinas que la necesitan.