La audiencia en la que se iba a definir si el exjuez federal Marcelo Bailaque irá a juicio oral y público por corrupción pasó este miércoles a un cuarto intermedio para el lunes próximo, en Tribunales Federales del centro rosarino. Sin embargo, en el primer tramo de esta instancia quedó al desnudo la impunidad con la que el magistrado destituido mantenía ciertos vínculos con la organización delictiva del narco Esteban Lindor Alvarado, a través del contador que trabajaba para ambos, Gabriel Mizzau.
El punto fuerte de la audiencia que transcurrió durante la mañana, en el edificio judicial de Entre Ríos al 400 y ante el juez de Cámara Aníbal Pineda, llegó sobre el final. El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, reveló un tramo del acuerdo que firmó el martes Mizzau, como imputado pero arrepentido y colaborador. El mismo pacto que hizo otro examigo de Bailaque, Carlos Damián Vaudagna, ex director de Afip Rosario, que lo complicó al exjuez al revelar otros detalles que precipitaron su renuncia, desafuero y procesamiento penal.
Iglesias reveló que Mizzau declaró que Alvarado –a través de su pareja de entonces, Rosa Natalí Capuano– contrató sus servicios profesionales solo porque él era también el contador personal del juez Bailaque.
El imputado Mizzau aseguró ante la fiscalía que él mismo puso al tanto a Bailaque de que ahora estaba trabajando como contador de Alvarado y Capuano, y en esas circunstancias le pidió como favor personal "que le tire un centro", dijo Iglesias.
Por ese pedido, dijo el contable que desde entonces Bailaque le confió "reiteradas veces" los pasos que Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria u otra fuerza daban en investigar a la estructura criminal de Alvarado. Y luego, Mizzau le transmitía esa información secreta a Capuano, quien a su vez lo enteraba a su marido de entonces, el propio Alvarado.
Iglesias infirió que de ese tráfico de información clasificada desde la Justicia hacia una banda narcocriminal y de lavado de activos, Mizzau "se benefició económicamente, por los honorarios percibidos, y también procesalmente, porque nunca hasta entonces estuvo comprometido en investigaciones judiciales, gracias a esos avisos", cuestionó el fiscal.
Mizzau también está acusado por lavado de activos agravado, por su presunta intervención en maniobras de administración y legitimación de fondos de origen ilícito.
Estas revelaciones fueron lo más saliente de la audiencia de control de la acusación contra el exjuez de Rosario. Antes, se hizo repaso a numerosos hechos de incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato por demoras en la tramitación de la causa de 2013 en la que era investigado Alvarado.
En los años siguientes –entre 2014 y 2017 por lo menos–, hubo varios pedidos por parte de Gendarmería y PSA a Bailaque para que autorizara ciertas medidas investigativas como la intervención de teléfonos a personas del entorno de Alvarado. Y el juez siempre las denegó.
Por el contrario, dictó resoluciones contrarias a la prueba reunida y a los impulsos del Ministerio Público, lo que derivó en la paralización de líneas investigativas sensibles vinculadas a la organización criminal liderada por Alvarado.