Javier Milei dio por probado este fin de semana que José Luis Espert fue la inocente víctima de una operación, pese a que la Justicia argentina lo investiga en dos causas penales, que están en pleno trámite, y ordenó el congelamiento de todos los bienes.
El exdiputado libertario no solo está impedido de vender propiedades; tampoco puede disponer del dinero que tiene en sus cuentas, con excepción de una autorización judicial que recibió porque dijo que necesitaba fondos para afrontar sus gastos corrientes.
Milei tuiteó el domingo por la noche: “Finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, en alusión a Fred Machado, preso en Texas, quien giró al menos 200.000 dólares al exdiputado (que no demostró prestación alguna a cambio de esa transferencia). Según el Presidente, esta novedad es la prueba de que Espert fue víctima de una “operación mediática infame”. Sin embargo, el acuerdo celebrado por Fred Machado en Norteamérica no mejora en nada la situación judicial de Espert en la Argentina. Podría incluso perjudicarlo, advierten fuentes vinculadas con las investigaciones.
Lo que ocurrió la semana pasada es que, tras meses de clamar su inocencia, Machado hizo un acuerdo con la fiscalía en Estados Unidos por el que aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, y la fiscalía accedió a retirarle la acusación por narcotráfico.
Espert es investigado en la Argentina por lavado de dinero. Es decir, por haber introducido en el mercado legal fondos de origen ilícito. “Si provienen de narcotráfico o de fraude, para nosotros es indiferente”, dijo un funcionario que interviene en una de las causas contra Espert. Sí es relevante que se confirme que Machado consiguió el dinero con negocios ilegales.
Dos causas
Las causas contra Espert son dos: una se tramita en la justicia federal de San Isidro, el juzgado de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domínguez –que tiene delegada la investigación–, y la otra, en Comodoro Py, con Marcelo Martínez de Giorgi como juez y Eduardo Taiano como fiscal. El exdiputado intentó sin éxito, dos veces, unificar las causas en los tribunales de Retiro. El mes pasado, la Cámara Federal volvió a rechazar su pedido.
En los dos casos se sospecha que Espert lavó dinero. La causa que se abrió primero, la de Martínez de Giorgi, está vinculada con un supuesto financiamiento ilegal de campaña, a través de aportes de Machado en vuelos privados y el uso de una camioneta blindada.
En este expediente, Espert se presentó y pidió declarar ante el juez. Pero como está imputado, sólo podría declarar en indagatoria. Fuentes al tanto de la marcha de la investigación informaron que Martínez de Giorgi está ordenando algunas medidas finales para precisar qué hay en su contra antes de citarlo. Cuando lo reciba, debe exponerle lo que tiene en su contra.
En los tribunales federales de San Isidro la investigación también es por lavado de dinero; en principio, por los 200.000 dólares que Espert no había declarado pero que reconoció haber cobrado de Machado, que eran parte de un contrato por un millón de dólares que ambos firmaron justo antes de la campaña de 2019 por el supuesto asesoramiento a una minera en Guatemala, trabajo que los investigadores sospechan que en realidad nunca existió ni iba a existir. Este expediente es el más complicado para Espert; se ordenaron distintos allanamientos y se le prohibió disponer de su patrimonio.
El punto, en esta causa, es si Espert sabía o no del origen ilegal de los fondos que recibió, explicó una fuente que conoce el caso. Para determinar eso, se está analizando toda la prueba reunida, que incluye el análisis de la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados, más toda la información patrimonial y bancaria.
En esta causa, Mirabelli ordenó –y este año prorrogó– una medida cautelar de no innovar contra Espert.