La subsecretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia, Florencia Ottolini, expresó la firme oposición del Gobierno de Santa Fe ante el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo nacional. La funcionaria advirtió que la iniciativa impacta directamente sobre el régimen de pensiones no contributivas y el sistema de prestaciones básicas, lo que implicaría un grave retroceso en materia de derechos adquiridos.
"Este proyecto expresa un corrimiento del Estado nacional en áreas donde debería garantizar derechos", señaló Ottolini tras dialogar con representantes de otras provincias en el Consejo Federal de Discapacidad. La funcionaria destacó tres puntos críticos que generan preocupación en la administración provincial:
1. Desregulación del nomenclador nacional
La propuesta busca desregular el nomenclador que hoy rige los aranceles que cobran las instituciones y los prestadores. "Esto no es simplificar, sino desproteger a las instituciones y a las personas con discapacidad", enfatizó la subsecretaria.
2. El retorno a la "invalidez laboral"
Uno de los puntos más polémicos es el intento de volver a atar las pensiones a una lógica de "invalidez laboral", desconociendo las barreras sociales y el sobrecosto que implica la discapacidad en la vida diaria. Ottolini recordó que, antes de la Ley de Emergencia de 2025, las pensiones eran por invalidez laboral, pero luego se dividieron para incluir la protección social. "Volver atrás es ignorar que la dificultad no está solo en la capacidad de trabajar, sino en la discapacidad misma", explicó.
3. Traslado de responsabilidades y falta de transparencia
La provincia denunció que la Nación intenta trasladar obligaciones nacionales a las arcas provinciales bajo el argumento de combatir un presunto fraude que aún no ha sido demostrado. "Se escudan en la lucha contra el fraude, pero no nos notificaron cuáles son aquellas pensiones que supuestamente no correspondían. Esa información no nos la dieron", cuestionó la funcionaria.
Respecto a las auditorías, Ottolini aclaró que Santa Fe no se opone al control, pero exigió procesos "accesibles y reales". Recordó el fracaso de los operativos del año pasado, donde se citó a personas a más de 300 kilómetros de sus domicilios sin contemplar sus dificultades de movilidad.
Crisis de pagos y falta de interlocutores
La funcionaria también alertó sobre la interrupción de la cadena de pagos en el programa Incluir Salud, lo que ha provocado el cierre de algunas instituciones y puesto a otras al borde de la quiebra. Según detalló, se adeudan pagos desde noviembre del año pasado.
Finalmente, Ottolini lamentó la falta de interlocutores estables en el Gobierno nacional: "Van cambiando mensualmente a los responsables de las áreas. Uno viaja a Buenos Aires, plantea los reclamos y al mes siguiente hay otra persona y hay que empezar todo de cero. Parece una forma de desgaste para no cumplir con las obligaciones".
En contraste, destacó que la provincia de Santa Fe incrementó su presupuesto para el área en más de un 800% entre 2023 y 2026, pasando de 700 millones a 7.000 millones de pesos. "Mientras el Estado nacional se corre, el Estado provincial fortalece las políticas de discapacidad, pero sin dejar de reclamar que Nación ponga lo que tiene que poner", concluyó.