El estado de las rutas nacionales en Santa Fe volvió al centro de la escena tras un nuevo accidente fatal en la ruta 34, que dejó cuatro personas fallecidas y un niño de siete años huérfano. El hecho reavivó reclamos históricos por el deterioro de la calzada y motivó una audiencia pública con legisladores, intendentes y autoridades provinciales.
En este contexto, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, expuso la situación en diálogo con LT10 y fue categórico al describir el escenario actual.
Torres aseguró que la 34 es la ruta más peligrosa de la provincia en comparación con otras vías nacionales. “De las tres rutas, la más peligrosa es la 34 porque tiene un promedio de más de un fallecido cada 100 kilómetros”, explicó, en referencia también a las rutas 11 y 33, que presentan índices menores de siniestralidad.
El funcionario detalló que el problema no responde a un solo factor, sino a una combinación de deficiencias estructurales y de uso. Señaló que se trata de “una ruta vieja, angosta y mal mantenida”, con banquinas deterioradas y un tránsito cada vez más saturado por el transporte pesado que se dirige a los puertos del Gran Rosario.
En ese marco, advirtió sobre el riesgo constante que enfrentan los usuarios. “Es realmente una trampa mortal”, afirmó, al describir cómo se potencian los peligros, especialmente durante la noche, cuando se concentra la mayor cantidad de siniestros.
Torres también apuntó directamente contra el Gobierno nacional por la falta de inversión en mantenimiento. “Esto no tiene que ver con el equilibrio fiscal ni con el déficit cero; estamos hablando de una cuestión humanitaria”, sostuvo al reclamar intervenciones urgentes en la infraestructura vial.
Durante la entrevista, remarcó que el deterioro de las calzadas se combina con errores humanos, lo que multiplica el riesgo. “Si uno va de noche, esquivando pozos y además utiliza el celular, tiene un 90 % de probabilidad de sufrir un siniestro vial”, ejemplificó.
El director provincial denunció, además, la ausencia de políticas públicas a nivel federal. “Tuvimos prácticamente una ausencia total de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, indicó, y cuestionó la falta de respuestas ante el deterioro sostenido de la red vial nacional.
Incluso relató situaciones que reflejan el nivel de desidia: “Tuvimos que comprar nosotros los tubos para reparar una alcantarilla y un semáforo porque Vialidad Nacional dijo que no tenía plata”, afirmó, al describir intervenciones que debieron ser asumidas por la provincia o los municipios.
En ese sentido, cuestionó el accionar de los funcionarios nacionales y aseguró que, además de la inacción, existen obstáculos para las gestiones locales: “No solamente no hacen nada, sino que interrumpen a los intendentes y a los que quieren hacer algo”.
La preocupación se extiende a otras trazas como la 11 y la 33, donde se repiten escenas de deterioro extremo. Sin embargo, Torres insistió en que la 34 concentra el mayor riesgo, tanto por su estado como por el volumen de tránsito.
Frente a este panorama, adelantó que se avanzará con nuevas acciones judiciales, aunque se mostró escéptico sobre los resultados. “Ya hubo fallos que no se cumplieron”, advirtió.
Mientras tanto, el diagnóstico es contundente: mejorar las condiciones de las rutas dejó de ser una cuestión administrativa para convertirse, según Torres, en una urgencia vinculada directamente con la preservación de la vida.