La causa conocida como “Propofest”, que investiga el presunto desvío de medicamentos hospitalarios para su uso en fiestas clandestinas, sumó un nuevo capítulo judicial con un fuerte planteo de las defensas de los involucrados.
Los abogados de Delfina “Fini” Lanusse y Hernán Boveri solicitaron que se revoque el procesamiento dictado por el juez Javier Sánchez Sarmiento. Consideran que la imputación es “prematura y conjetural”, y que no existen pruebas directas que vinculen a sus defendidos con los hechos investigados.
Además, cuestionaron el embargo de $30.929.520 impuesto sobre Lanusse, al que calificaron como “arbitrario”, y remarcaron que el propio hospital negó la existencia de faltantes de medicación, uno de los ejes centrales de la investigación.
En el recurso presentado ante la Justicia, la defensa de Lanusse apuntó contra la base probatoria del fallo. Sostuvo que el procesamiento se construyó sobre testimonios “de oídas” y “apreciaciones subjetivas”, sin una reconstrucción concreta de tiempo, modo y lugar. También señalaron que no existe ningún testigo que haya visto a la médica sustraer fármacos ni retirarlos de manera irregular.
Según los letrados, varios de los testimonios utilizados surgen de “comentarios de terceros” o de personas ajenas al ámbito hospitalario. Incluso, indicaron que algunos declarantes reconocieron que sus dichos provenían de lo que escucharon y no de hechos presenciados directamente.
En esa línea, agregaron que otros testigos solo mencionaron “sospechas” vinculadas al estado anímico de Lanusse, pero aclararon que nunca la vieron consumir sustancias ni detectaron faltantes de medicamentos. También cuestionaron que se hayan incorporado relatos de su entorno personal, alejados del ámbito laboral.
Otro de los puntos centrales del planteo fue el rechazo del magistrado a medidas solicitadas por la defensa, como la citación de médicos y psicólogos que podrían haber acreditado la inexistencia de consumos problemáticos.
La causa adquirió alta exposición pública por el presunto robo de insumos como propofol y fentanilo, y por su vínculo con investigaciones paralelas relacionadas al fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar.
Ahora, la definición quedó en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si confirma el procesamiento de los profesionales o si hace lugar al pedido de revocación y revisión del embargo, en un expediente que sigue generando un fuerte impacto en el ámbito médico regional