La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dio un nuevo paso en la consolidación del fallo favorable a la Argentina por la expropiación de YPF, al dejar en suspenso todas las apelaciones pendientes y cancelar la audiencia prevista para este jueves. La medida ordena el expediente mientras no quede firme la decisión de fines de marzo que revocó la condena de u$s16.100 millones.
Entre los recursos que quedaron congelados aparece incluso la apelación presentada por la propia Argentina contra la orden de la jueza Loretta Preska, que exigía la entrega de acciones de YPF como garantía. Con esta decisión, el tribunal evita avanzar sobre planteos que podrían quedar abstractos si la sentencia favorable al país termina confirmándose.
La resolución quedará firme recién cuando se agoten, o venzan, los dos caminos procesales que todavía tienen disponibles los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park. El primero es el pedido de revisión ante el pleno de la Cámara, para que el caso sea analizado no solo por el panel de tres jueces, sino por la totalidad de los magistrados del Segundo Circuito.
La segunda alternativa es un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Se trata de una vía estadísticamente compleja: el máximo tribunal recibe entre 7000 y 8000 solicitudes por año y acepta revisar apenas cerca de un centenar, en general ligadas a temas de derecho federal con impacto amplio en el sistema jurídico. Por tratarse de un litigio centrado en la interpretación del derecho argentino, los especialistas consideran muy bajas las posibilidades de que prospere.
Ese diagnóstico ya había sido anticipado por el mercado. Tras conocerse el fallo de marzo, las acciones de Burford se desplomaron 40% en Wall Street y 46% en Londres, reflejando la fuerte caída en las expectativas de cobro.
El fallo en favor a la Argentina
A fines de marzo, la Cámara del Segundo Circuito había revocado, por dos votos a uno, la sentencia de primera instancia que ordenaba al Estado argentino pagar más de u$s16.100 millones más intereses por no respetar los derechos de los accionistas minoritarios durante la estatización de 2012. Además, el tribunal ratificó que YPF quedaba eximida de responsabilidad.
Los jueces Denny Chin y Beth Robinson concluyeron que Preska había interpretado de manera errónea el derecho argentino. Sostuvieron que los estatutos de una empresa no generan obligaciones bilaterales entre accionistas que habiliten una demanda por daños contractuales en Estados Unidos, y remarcaron que la ley argentina de Expropiaciones prohíbe de forma expresa las acciones judiciales de terceros que interfieran en ese proceso. En disidencia votó José Cabranes, quien respaldó la postura original de la jueza.
De todos modos, el fallo dejó una observación política y económica relevante: el tribunal reconoció que la Argentina incumplió los estatutos de YPF y afectó su credibilidad frente a inversores extranjeros, aunque separó esa valoración de la cuestión jurídica de fondo. Según los magistrados, la vía legal elegida por los demandantes no existe bajo el derecho argentino aplicable al caso.
Burford, que había comprado los derechos de litigio de las empresas Petersen por €15,1 millones y que aspiraba a quedarse con el 70% de la indemnización, todavía mantiene abierta la posibilidad de seguir litigando, aunque con un margen cada vez más reducido.