Con un fuerte rechazo de la oposición por la invitación de representantes de provincias con proyectos mineros, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales firmaron dictámenes favorables para la modificación de la Ley de Glaciares, que este miércoles se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados desde las 15 para su sanción definitiva.
Entre las 37 firmas del dictamen mayoritario se contaron las de 27 miembros de La Libertad Avanza, 4 del PRO, 2 de la UCR, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y otra de Somos Catamarca. La oposición ya apunta a la judicialización ante el optimismo libertario por sancionar la ley.
A su vez, hubo 3 dictámenes de rechazo: el de Unión por la Patria con firma de los 23 vocales; el de Provincias Unidas que rubricaron María Inés Zigarán, Pablo Juliano, Juan Brügge y Pablo Farías; y el de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
Apenas comenzó el plenario, Ferraro cuestionó la presencia de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, y acusó a las autoridades del oficialismo de “tomar la decisión de traer solamente a los representantes de provincias cordilleranas de futuros proyectos mineros o exploración”. Esto fue adherido por Sabrina Selva y Romina Del Plá.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente culminó el proceso de designación de autoridades: Sabrina Selva de Unión por la Patria quedó en la vicepresidencia 1°; Soledad Molinuevo de La Libertad Avanza en la vicepresidencia 2°; y la radical Pamela Verasay en el cargo de secretaria 1°.
En el mismo sentido, la Comisión de Asuntos Constitucionales –presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz– fijó a Diego Giuliano en la vicepresidencia 1°; y Diógenes González como vicepresidente 2°.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
El proyecto propone redefinir los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, y otorga mayor poder a las provincias para determinar qué áreas deben ser consideradas dentro de esas categorías en sus territorios.
En ese sentido, habilita a las jurisdicciones a solicitar modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares, en base a estudios técnicos, lo que genera preocupación en sectores ambientales por el posible impacto sobre fuentes de agua.