El presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno avanzará con medidas judiciales e institucionales frente a la presunta campaña de desinformación atribuida a una red rusa, al advertir que se trata de “una gravedad institucional pocas veces vista en la historia” y asegurar que su administración buscará identificar a todos los responsables.
El mandatario sostuvo que la investigación revelada a partir de documentos filtrados muestra apenas “la punta del iceberg” de una estructura más amplia. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, afirmó en redes sociales, al fijar la postura oficial frente a la controversia.
El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia.
— Javier Milei (@JMilei) April 3, 2026
Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande.
Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los…
Según los informes difundidos por un consorcio internacional de periodistas, una organización denominada “La Compañía” habría desplegado entre abril y octubre de 2024 una campaña orientada a desacreditar al gobierno argentino. Los documentos mencionan un presupuesto cercano a los 283.000 dólares destinado a financiar más de 250 artículos críticos publicados en distintos medios digitales, además de acciones en redes sociales y otras iniciativas de influencia.
De acuerdo con los registros analizados, los contenidos difundidos incluían cuestionamientos al programa de ajuste económico, críticas al impacto social de las medidas oficiales y objeciones al alineamiento internacional del país con Ucrania. También se detectaron firmas inexistentes, autores ficticios y material presuntamente fabricado con herramientas digitales.
El accionar del Gobierno frente a esta situación se orienta a tres ejes principales: la investigación judicial, el refuerzo de los mecanismos de inteligencia y el seguimiento diplomático del caso. La Secretaría de Inteligencia del Estado ya había confirmado en 2025 la detección de una presunta red de agentes extranjeros y aseguró haber dado intervención a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal. “Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros”, indicaron desde el organismo.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene una postura de alerta institucional, con el objetivo de identificar intermediarios locales, circuitos de financiamiento y mecanismos de difusión utilizados para amplificar los contenidos. Desde el oficialismo consideran que la operación buscó erosionar la imagen del Gobierno en un momento de definiciones en política exterior y en el marco del apoyo argentino a Ucrania.