El diputado provincial y exintendente de Santa Fe, José Corral, brindó detalles en LT10 sobre la media sanción del proyecto que adhiere a la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo. Tras seis meses de debate en comisiones, la iniciativa busca reducir el costo laboral y proteger a las pymes locales frente a lo que denominó "la industria del juicio".
Corral explicó que, pese a tener las mismas reglas que otras provincias, Santa Fe registra el doble de juicios laborales que Córdoba. "Sacamos una cuenta: son casi 100 millones de dólares al año que el sector privado deriva a costas judiciales, peritos y abogados, en lugar de invertirlo o mejorar salarios", enfatizó.
El legislador aclaró que el objetivo no es recortar derechos, sino agilizar el sistema. "Un juicio es un fracaso. El trabajador debe ser atendido rápido y cobrar su indemnización en la instancia administrativa de las comisiones médicas. Hoy, el sistema actual facilita 'avivadas' donde los peritos cobran un porcentaje del juicio, incentivando dictámenes de mayor incapacidad".
Los cambios clave en el proyecto:
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Plazos de caducidad: Se reduce de dos años a 90 días hábiles el tiempo para iniciar acciones judiciales tras la vía administrativa, evitando la acumulación de intereses que afectan a las empresas.
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Honorarios de peritos: Se desvincula el cobro del perito del resultado del juicio para garantizar imparcialidad.
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Observatorio de Comisiones Médicas: Se fortalece el control sobre el funcionamiento de las juntas médicas para asegurar turnos y respuestas rápidas.
"Queremos cuidar el trabajo registrado. Hoy, el costo de la ART llega a representar más del 10% de la masa salarial en industrias metalmecánicas de la región. Eso desalienta la contratación de personal", señaló Corral.
La problemática de los "trapitos": "Es una batalla por el orden que hay que dar"
Consultado sobre la situación de los cuidacoches en la ciudad, el exintendente recordó su experiencia con el programa "Calle Segura" y destacó la importancia de la nueva ley de eventos masivos y contravenciones.
"Es un tema complejo, pero hay que dar la batalla. El orden es a favor de todos, incluso de los más vulnerables, porque detrás de muchas de estas actividades hay mafias organizadas", sostuvo.
Corral valoró la disposición del Ministerio de Seguridad para que la Policía intervenga ante contravenciones, pero subrayó que los municipios deben liderar la gestión del espacio público: "La ciudadanía pide orden. No es una tarea fácil ni con resultados inmediatos, pero el Estado no puede ser cómplice de situaciones de extorsión en la calle".