El entorno de Juan Trigatti dio un nuevo paso en su reclamo de justicia al entregar un documento con 1.900 firmas ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La iniciativa busca visibilizar lo que consideran un proceso judicial plagado de sospechas sobre su constitucionalidad y un avasallamiento a las garantías fundamentales del ciudadano.
"Es el pedido de una comunidad compuesta por amigos, padres, colegas, excompañeros y exalumnos que entienden que en este proceso no se han respetado los derechos básicos", explicaron los allegados a la salida de los tribunales santafesinos.
La defensa y el entorno del docente expresaron su profundo malestar tras el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones. Según denuncian, luego de un juicio oral donde se determinó la inexistencia de los hechos y se señalaron irregularidades en la investigación, el tribunal de alzada excedió sus funciones.
"Nos encontramos con una resolución de Cámara que no se ajustó a su cometido de realizar una apelación técnica, sino que volvió a valorar todas las pruebas y realizó un nuevo juzgamiento, totalmente subjetivo", sostuvo por LT10 Fernanda De Luca, esposa de Trigatti.
Entre las inconsistencias señaladas, remarcaron que una de las niñas mencionadas en la causa nunca concurrió a clases con el profesor, ya que dejó de asistir dos meses antes de que el Ministerio de Educación habilitara las clases de educación física.
"Una de las situaciones es que una niña nunca concurrió a clases con el profesor. Dejó el jardín dos meses antes de que por una circular del Ministerio de Educación se habilitaran las clases de educación fisica. Y se sustenta la acusación en que el hecho había sucedido en el relato de la mamá" detalló Fernanda.
La familia confirmó que el recurso de queja ya ingresó a la Corte provincial la semana pasada. "Pedimos que se trate con celeridad y que realmente se revise todo este proceso. Hace cinco años que la vida de Juan y la nuestra están afectadas por estas irregularidades", manifestaron con angustia.
Finalmente, el reclamo se centró en la necesidad de que la Corte reafirme los estándares probatorios necesarios para cualquier condena. "Pedimos que se respete el Estado de derecho: no se puede condenar a una persona basándose exclusivamente en un relato, sin pruebas que lo sustenten", concluyeron.