La causa que investiga el presunto manejo irregular de más de USD 300 millones en contratos internacionales de la AFA sumó un nuevo movimiento judicial tras el pedido de la defensa para apartar como querellante al empresario Guillermo Tofoni, quien aportó documentación financiera clave en la investigación que involucra a la gestión de Claudio Tapia.
El planteo ingresó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 a partir de un escrito presentado el 13 de febrero por la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette, responsables de TourProdEnter LLC, firma radicada en Estados Unidos designada como agente de cobro exclusivo de la AFA en el exterior.
Los abogados sostienen que Tofoni no reúne la condición legal de “particular ofendido”, requisito indispensable para actuar como querellante, ya que el eventual perjuicio no lo afectaría de manera directa sino colectiva junto a los clubes del fútbol argentino.
Según esa interpretación, el empresario intentaría utilizar el proceso penal como herramienta de investigación privada para fortalecer intereses comerciales propios y el conflicto debería resolverse en el ámbito contractual y no penal.
La decisión tiene impacto concreto: si el juzgado acepta el pedido, Tofoni perderá la facultad de impulsar pruebas, acceder plenamente al expediente y apelar resoluciones. En otras palabras, quedaría reducido el flujo de información incorporada a la investigación, uno de los puntos más sensibles del expediente.
El empresario respondió con dureza y afirmó que aportó la prueba central del caso mediante un proceso formal de discovery ante tribunales estadounidenses, mecanismo que exige acreditar interés legítimo previo.
“La paradoja es que justamente fue quien suscribe quien nutrió y aportó abundante prueba en esta causa”, sostuvo en su presentación judicial, donde remarcó que la Justicia de Estados Unidos autorizó el acceso a información bancaria sensible tras reconocer una posible afectación patrimonial directa.
La investigación analiza el circuito internacional de ingresos de la Selección argentina durante el último cuatrienio, período coincidente con el ciclo más rentable del combinado nacional tras el título mundial en Qatar 2022.
La denuncia sostiene que TourProdEnter habría percibido fondos por amistosos, sponsoreo y eventos internacionales mediante un esquema que incluía comisiones del 30% y presuntos desvíos a sociedades interpuestas sin rendición a la AFA.
En el expediente aparecen mencionados Tapia y el tesorero Pablo Toviggino como parte de la estructura investigada, acusación que ambos rechazan.
En paralelo, el escándalo sumó otro frente institucional. La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el fuero competente para investigar la titularidad de una quinta de 5,5 hectáreas en Pilar vinculada a Toviggino, valuada en más de USD 20 millones.
El camarista Carlos Mahiques, cuyo voto será decisivo, quedó bajo cuestionamiento tras versiones que señalan que celebró allí su cumpleaños antes de que estallara el caso. El juez negó el evento aunque relativizó un eventual conflicto de intereses.
Mientras la Justicia discute competencia, legitimaciones procesales y el control del acceso a la información financiera, el tablero político del fútbol muestra otra postal: Toviggino fue reelegido por unanimidad como presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol para el período 2026-2027.