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 El Gobierno español afirmó hoy que “reprueba” la nacionalización de Transportadora de Electricidad (TDE), la filial de Red Eléctrica de España en Bolivia, a cuyas autoridades advirtió de que esas medidas “acaban perjudicando a sus propios ciudadanos”, a la seguridad jurídica y la confianza.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que la decisión tomada por el Gobierno de Evo Morales “tiene poco sentido en un mundo global” y que al final puede ocurrir que “una medida populista acabe siendo impopular”.

Al mismo tiempo, destacó que la dirección de Red Eléctrica de España se mostraron dispuestas a trabajar con las autoridades bolivianas para un acuerdo que compense la expropiación.

“Estaremos muy vigilantes” en ese proceso para que se pague el precio adecuado, agregó la vicepresidenta en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría señaló también que se debe diferenciar entre los países que respetan la seguridad jurídica y los que no lo hacen.

En este contexto, invitó a Bolivia y a otros países que tomaron decisiones similares -en referencia a Argentina- a reflexionar sobre cómo pueden afectar esas medidas al bienestar de sus ciudadanos y a la gestión de los servicios públicos esenciales.

“Pensamos que este tipo de decisiones se vuelven en contra de los gobiernos que las adoptan”, agregó la vicepresidenta del Ejecutivo español, que recordó, en referencia a Bolivia, que “desde 2007 lleva a cabo operaciones de expropiación o nacionalización que afectan a empresas de distintos estados”.

Bolivia nacionalizó esta empresa en el marco de “lo que ellos llaman su soberanía energética”, aunque su voluntad es llegar a un acuerdo con la compañía para “una contraprestación adecuada y justa”, señaló Sáenz de Santamaría.

El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, viajará el próximo lunes a La Paz para entrevistarse con el ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, después de la decisión del Gobierno del país andino de expropiar Transportadora de Energía (TDE), filial de la firma española.

Según la empresa, este primer contacto de los directivos de la compañía con representantes del Gobierno boliviano, tras el anuncio de la nacionalización el pasado 1 de mayo, servirá para “iniciar las negociaciones para alcanzar una compensación adecuada y defender así los intereses de sus accionistas”.

El Gobierno boliviano confirmó que indemnizará a REE tras evaluar sus inversiones y pasivos en TDE, cuya expropiación ha justificado argumentando “insuficientes” inversiones en la compañía boliviana.

Según las cuentas de TDE en 2011, el patrimonio neto de la compañía asciende a 1.151 millones de bolivianos (aproximadamente 164 millones de dólares), mientras que en 2010 era de u$s 150 millones.

Red Eléctrica de España defiende que realizó un “importante esfuerzo inversor” en el país con u$s 88 millones: 74 millones desde 2002 hasta 2011, de los cuales 69 corresponden a proyectos de la red transporte, y u$s 14 millones más en proyectos ya iniciados.

Una cantidad, subraya, que supone casi el valor de compra de TDE, ya que Red Eléctrica la adquirió en 2002 por u$s 91 millones.