El homicidio de Jeremías Monzón, cometido por menores de edad, y la posterior difusión de las imágenes del crimen volvieron a poner en el centro del debate la edad de imputabilidad penal en la Argentina. En ese contexto, distintas figuras políticas -entre ellas el gobernador Maximiliano Pullaro y la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich- se manifestaron a favor de bajar la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser juzgados penalmente.
Para analizar los alcances reales de ese debate, Alejandro Otte, presidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe y profesor de Derecho Penal, explicó cuáles son hoy los límites que tiene la Justicia frente a delitos cometidos por menores, qué cambios legales se discuten y cómo se posiciona Argentina frente a los países de la región.
Otte recordó que en la Argentina los menores de 16 años son inimputables, es decir, no pueden ser juzgados ni condenados penalmente, aun cuando hayan cometido delitos graves como un homicidio. En esos casos, la intervención judicial se limita a la adopción de medidas de protección o asistencia, pero no a la aplicación de penas.
En cambio, los adolescentes de entre 16 y 18 años sí pueden ser penalmente responsables, aunque bajo un régimen especial distinto al de los adultos, con sanciones atenuadas y cumplimiento de medidas en institutos específicos, no en cárceles comunes. “La ley actual pone límites claros a la respuesta punitiva del Estado cuando se trata de menores”, explicó el jurista.
En cuanto a las reformas en discusión, Otte señaló que el debate gira en torno a la modificación del Régimen Penal Juvenil, principalmente en la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad, con propuestas que van desde los 13 o 14 años. Sin embargo, advirtió que cualquier cambio debe ir acompañado de un sistema judicial y penitenciario adecuado, con garantías constitucionales, equipos interdisciplinarios y políticas de reinserción, para evitar que la baja de edad sea solo una respuesta simbólica.
Respecto a la comparación regional, el especialista indicó que Argentina tiene hoy una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina. En países limítrofes como Brasil y Bolivia, la responsabilidad penal juvenil comienza a los 12 años; en Uruguay, Paraguay y Chile, a los 13 o 14 años. Aun así, remarcó que en todos esos países rigen regímenes especiales para adolescentes, distintos al sistema penal de adultos.
Finalmente, Otte subrayó que el debate no puede reducirse únicamente a la edad: “La discusión de fondo es qué respuesta le da el Estado a la violencia juvenil, cómo se previene y qué herramientas reales existen para evitar que estos hechos se repitan”.