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La petrolera YPF se transformará en una empresa mixta –con participación pública y privada–, bajo gestión del Gobierno nacional y con injerencia de las provincias en las decisiones, en especial de aquéllas que lideran la producción de petróleo y de gas.

Así lo confirmó el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, ayer en su provincia. No es un dato menor quien transmitió la información: el patagónico pertenece a un linaje de líderes provinciales, comanda el principal distrito energético del país y tiene un diálogo privilegiado con la presidenta Cristina Fernández. Junto a su par de Chubut, Martín Buzzi, fueron los principales interlocutores con la Casa de Gobierno a la hora de hacer llegar el malestar que generaron algunos proyectos para entrar en YPF, que otorgaban al Estado el poder de decisión total sobre el destino de los hidrocarburos, que por mandato constitucional tras la reforma de 1994 son propiedad de las provincias.

“Pensamos en una sociedad de economía mixta. El Estado va a querer gobernarla y alentar la inversión privada. Con participación de las provincias en el Directorio”, confirmó Sapag. Y agregó: “Quiero llevar mucha tranquilidad a los trabajadores en lo que hace al capital accionario de YPF. Las fuentes de trabajo las vamos a defender y como provincianos quiero decirles que nadie va avasallar los derechos provinciales. Y a las operadores quiero decirles que no se alarmen. Sacudimos el árbol y se cayeron las áreas que no estaban explotadas”, sostuvo ante la prensa.

La nueva YPF tendrá 25 directores (es decir, sobra para cubrir un sillón por cada provincia argentina) y posiblemente cuente con representación estatal en el mayor órgano de decisión de la empresa.

Una fuente de diálogo permanente con los líderes provinciales aseguró que “ya está todo acordado”, en referencia a la creación de una empresa mixta. Pero anticipó que hoy sería un día de intensas reuniones, reclamos y concesiones entre el Gobierno y las provincias para ajustar los detalles. La definición surgirá, de acuerdo con la expectativa de los gobernadores, de la reunión que mañana tendrán los líderes de la Ofephi, que reúne a las 10 provincias productoras, con el ministro de Planificación, Julio de Vido. Más aún: esperan un encuentro con la Presidenta para formalizar la decisión.

Ayer comenzaron las llamadas telefónicas desde Buenos Aires a distritos clave para concretar la reunión. En algunos casos, el propio De Vido se encontraba a un lado del teléfono.

El líder neuquino no aportó mayores definiciones. Hasta ayer por la noche persistían varias dudas entre funcionarios involucrados en el desembarco oficial en YPF. La primera es qué porción se tomará: hay quienes se inclinan por un 33% de participación estatal y otros por un 51%, si bien siempre la gestión de la compañía quedaría en manos del Estado.

“El Gobierno debería quedarse con un 33% para que Repsol mantuviera una porción similar y pueda traer inversores internacionales. Eso sería una sociedad equilibrada”, señaló a El Cronista un hombre del sector energético que suele ser consultado por el Gobierno.

Cualquier decisión que se tome, sin embargo, tendrá un débil sustento legal que puede dejar la puerta abierta a juicios contra el Estado.

Mientras tanto, el número uno de Repsol, Antonio Brufau, permaneció otro día más en Buenos Aires sin ser atendido por el Gobierno. Aunque no fue confirmado oficialmente, desde la empresa partió una propuesta escrita y amplia que llegó a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Oscar Parrilli.

En segundo término, está en discusión el futuro de la familia Eskenazi en la compañía a la cual llegó con la bendición del ex presidente Néstor Kirchner. A través del grupo Petersen, tiene un 25%. Hay algunos proyectos que indican que esa porción pasaría a manos del Estado, que sumaría otro tanto de Repsol.

Tampoco hay precisiones con respecto al origen de los fondos. El Gobierno desmintió que piense utilizar recursos de la ANSeS.