Cuatro personas se encuentran detenidas y a disposición de la Justicia, acusadas de formar parte de una banda dedicada a extorsionar y estafar a contribuyentes, en su mayoría productores rurales de la zona del departamento Castellanos.
El caso salió a la luz con la denuncia de uno de los damnificados, que la semana pasada relató ante la oficina de Rafaela de la Afip-DGI, una maniobra delictiva impulsada por un falso inspector del ente fiscalizador.
El damnificado, un productor rural de Santa Clara de Saguier, contó que días atrás fue contactado por un supuesto inspector de la Afip que lo alertaba de una denuncia por evasión fiscal en su contra; y que podía frenarla sólo si depositaba $ 3.000 en una cuenta de Western Union.
El responsable del área en Rafaela puso en conocimiento de esta situación al director de la Afip-DGI Regional Santa Fe, Carlos Andrés Vaudagna, quien inmediatamente tomó cartas en el asunto y puso sobreaviso a la Justicia y Policía Federal.
En El Pozo
Con los datos aportados por el productor rural, la Brigada de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina -Delegación Santa Fe-, se dirigió hasta el hipermercado WalMart de barrio El Pozo, donde funciona una sucursal de la compañía de servicios financieros y de comunicación, Western Union.
Allí se constató el cobro de los $ 3.000 que, por temor, depositó el damnificado. Con las primeras averiguaciones se supo que el domicilio que figuraba a nombre de la titular de la cuenta era inexistente; pero se logró ubicar a la mujer en las afueras de Ángel Gallardo, en el barrio denominado el “El Chaquito”.
Los empleados de la caseta postal aportaron más datos a la causa, ya que además de describir a la persona que cobró el dinero -una mujer de unos 24 años-, dijeron con seguridad que era la primera vez que la veían y que estaba acompañada por otras dos personas que habían ido en otras oportunidades a retirar dinero.
Todos registrados
Entre los acompañantes, estaban un hombre de 37 años y una mujer de alrededor de 60, cuyos datos personales también se encontraban registrados puesto que ambos eran frecuentes usuarios del servicio.
Según los testigos, la mujer que retiró el dinero se lo entregó de inmediato al hombre que la acompañaba. Esta operación habría quedado registrada por el sistema de cámaras de seguridad del centro comercial; imágenes que fueron solicitadas como elemento de prueba por la Justicia competente.
Ante la configuración de los supuestos delitos de “extorsión y estafa”, el juez Federal Nº 1 Reinaldo Rodríguez, remitió el expediente al juez de Instrucción Octava, Jorge Patrizi, que entre el martes y miércoles de esta semana ordenó los allanamientos y detenciones.
La PFA arrestó a la mujer de 60 años y a su pareja, un hombre de 71, en una casa de la capital provincial. Allí, secuestraron numerosa documentación, con nombres, números de teléfono, chips y aparatos de telefonía celular, todo parte de un minucioso trabajo de inteligencia para concretar las estafas.
Además, se dirigieron a una vivienda de Ángel Gallardo, donde arrestaron a la mujer que cobró el dinero, que a su vez realiza tareas de limpieza en la casa de los otros dos detenidos. También fue localizado y privado de su libertad el hombre de 37 años que recibió la plata fruto de la extorsión.
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