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Luego de las declaraciones de los obispos cuyanos en contra de la polémica decisión del máximo tribunal del país, el gobernador Francisco Pérez se ubicó más cerca de los grupos antiabortistas y dijo que la provincia que dirige tiene su propio marco legal que debe respetar





La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó en claro que cualquier mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo que es producto de una violación sin necesidad de una autorización legal, levantó una espesa polvareda en todo el país. Y las respuestas no tardaron en llegar.

Una de ellas fue la del gobierno mendocino. “Nosotros nos regimos por las leyes, no los fallos jurisprudenciales”, dijo Pérez. Para ello utilizó un argumento legal: “No podemos declarar si se aplica o no cada fallo de la Corte. Losfallos son para un caso concreto, y las que se aplican o no son las leyes, no los fallos”.

El mandatario de Mendoza hizo estas declaraciones el jueves pasado, cuando todavía no sabía la vuelta atrás que iba a protagonizar su colega salteño, Juan Manuel Urtubey, quien primero aseguró que su distrito rechazaría el fallo dela Cortepero finalmente firmó el decreto que instruye la reglamentación de esa práctica.

La polémica decisión del tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti reavivó la discusión sobre el aborto en el país, y mientras en el Congreso se presentó un nuevo proyecto de despenalización, varios sectores en Mendoza se pronunciaron en contra. E incluso las organizaciones civiles antiabortistas pretenden que el gobierno local declare “provida” a Mendoza, para resguardar la vida del niño por nacer.

Si bien en Mendoza no existe un protocolo vigente sobre el tema, días atrás funcionarios del Ministerio de Salud se reunieron para avanzar en un reglamento, en base al instructivo de aborto no punible elaborado durante la gestión de Ginés González García como ministro de Salud. Aunque ahora esta propuesta quedaría congelada, a partir de la posición del gobernador Pérez.