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La Argentina inició en los últimos días acciones contra la exploración hidrocarburífera ilegal que empresas de origen británico desarrollan en el Atlántico Sur, informó la Cancillería.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto consignó que el lunes último fue enviado un escrito al director ejecutivo de la Bolsa de Valores de Nueva York y otro al presidente de la Bolsa de Valores de Londres donde advierte sobre las actividades que realizan cinco empresas de manera ilegal.

En este sentido, el escrito suscripto por el canciller Héctor Timerman subraya que las compañías Argos Resources Limited, Borders & Southern Petroleum PLC, Desire Petroleum PLC, Falkland Oil and Gas Limited y Rockhopper Exploration PLC, "se encuentran ilegítimamente realizando tareas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, exponiéndose a sanciones administrativas, civiles y penales".

En tanto, en el texto enviado a Londres, Argentina le solicita a la Bolsa de Valores, en la cual cotizan esas empresas, que les exija información acerca de "tales actividades ilícitas, así como cuantifiquen los riesgos derivados de éstas".

De hecho, el escrito remitido al presidente de la Bolsa de Valores de Londres, Christopher Gibson Smith, afirma que las cinco compañías "han violado el derecho argentino relativo a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, y han cotizado y/o inscripto títulos valores a través de la institución que usted preside".

"De tal manera, dicha institución bursátil estará en condiciones de evaluar si corresponde continuar cotizando sus títulos, así como exigir la provisión de datos que las empresas petroleras involucradas deberían revelar al mercado, de manera tal que los inversores actuales y eventuales estén debidamente informados de los riesgos legales que conllevan tales operaciones", detalló el comunicado.

Además, consignó que "lo mismo fue solicitado a la Bolsa de Nueva York para el caso en que las referidas empresas petroleras intentaran cotizar o inscribir títulos valores en ese ente bursátil".

Por otro lado, informó que también la Cancillería remitió a ambas Bolsas "un listado de empresas vinculadas directa o indirectamente a las citadas compañías petroleras y otro con empresas que han manifestado interés en invertir en ellas".

En tanto, el martes último, "se puso en conocimiento de ambos entes bursátiles que la República Argentina ha tomado conocimiento de que analistas financieros habrían omitido o bien informado de manera incompleta al público inversor acerca de los eventuales riesgos inherentes a la ilegítima exploración hidrocarburífera llevada a cabo por las empresas en la plataforma continental argentina".

"Asimismo, se detallaron las firmas de análisis de inversión que han elaborado informes de riesgo sobre las empresas petroleras que realizan las descriptas ilícitas actividades", consignó el comunicado de la cartera encabezada por el canciller Héctor Timerman.

"La presente nota tiene por objeto exigir que se garanticen los principios básicos que deben regir los mercados financieros en el mundo, como ser la información plena, la transparencia, la eficiencia, la protección del público inversor, el trato igualitario entre inversores, y la protección de la estabilidad de las entidades e intermediarios financieros", señala el escrito remitido a la Bolsa de Londres.

Hace exactamente una semana, Timerman había anunciado la implementación de una nueva estrategia de acciones legales ante la ilícita exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

En esa oportunidad, Timerman había afirmado que, de ese modo, el Estado argentino reafirmaría "la soberanía sobre el área y sus recursos" naturales, tanto a las empresas petroleras como a las que les prestan servicios tercerizados.

Acompañado por la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, Timerman explicó que la nueva estrategia procuraría "preservar la paz y procurar la resolución pacífica" del conflicto por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Además, detalló que las acciones se basarían en la violación de dos principios: el de la resolución de Naciones Unidas que insta a ambas naciones al diálogo pacífico, y el que establece que ninguno de los dos países puede introducir modificaciones unilaterales mientras persista el conflicto.