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 La diputada provincial Verónica Benas presentó un proyecto de ley donde se establece un régimen de registración de las islas fiscales de la provincia de Santa Fe. El objetivo es contar con información fehaciente y sistematizada sobre la situación jurídica actual de sus ocupantes y las actividades económicas que allí se realizan. “Tenemos 73.000 hectáreas de islas fiscales y no se sabe quien las tiene y para que se utilizan”, afirmó la legisladora de PARES.


Esta iniciativa está direccionada a realizar un relevamiento integral de las islas fiscales de la provincia de Santa Fe, con el fin de recabar la mayor información posible, sobre una diversidad de aspectos, que se sintetizan en las condiciones jurídicas o de hecho en que se encuentren sus ocupantes y las situaciones de explotación económica que se puedan registrar, sean éstas autorizadas o no.



De acuerdo a un informe enviado a la Cámara de Diputado por el ejecutivo provincial en el año 2006, la provincia cuenta con 73.029 hectáreas de islas fiscales, de las cuales 57.803 están afectadas a pueblos originarios, en virtud de la ley 12.086. “Nos preocupa que no se este cumpliendo con este compromiso del estado santafesino, debido que muchas islas están arrendadas para ganadería y sus ocupantes invocan derechos que no se pueden corroborar”, agregó Verónica Benas.



La legisladora de PARES explicó que la información que se busca recolectar constituye un requisito indispensable para el diseño de políticas públicas sobre estos territorios. “Es necesaria la presencia del Estado en sus funciones administrativas de policía y control, para evitar situaciones irregulares de ocupación y explotación, que incluso pueden tener un impacto no deseado en materia de cuidado ambiental y preservación de la flora y la fauna de estos ecosistemas”.



En los fundamentos del proyecto, se explica que “muchas de las islas incluso fueron otorgadas en comodato, por Decretos del Poder Ejecutivo con aprobación legislativa, a Municipios y Comunas costeros, pero la información se encuentra fraccionada y no se sabe a ciencia cierta si esos contratos siguen vigentes con las mismas partes o han caducado al no cumplirse algunos de los fines propuestos en ellos y las tierras se encuentran irregularmente en manos privadas. Lo mismo pasa con los cuidadores ad honorem que en algún momento recibieron predios y no hay constancias actualizadas respecto de si están cumpliendo o no con su cometido”.



Finalmente, Benas aseguró que “una vez que se conozcan los resultados del relevamiento y se cuente con datos actualizados, es probable que surja la necesidad de una actualización más profunda de las normas aplicable a esta cuestión”.