Lt 10

 El Gobierno de la Ciudad, a través de la Fiscalía Municipal, efectuó esta tarde una denuncia penal ante el Juzgado Federal para que ordene el restablecimiento inmediato de la normal circulación en la Ruta 168, a la altura de la Fuente de la Cordialidad, donde un grupo de manifestantes realizaba un corte total de tránsito.

En el escrito se detalló que “los hechos indicados resultarían pasible ‘prima facie’ de ser encuadrados en diversas disposiciones del Código Penal; entre ellas, en el artículo 194 CP, en cuanto sanciona el delito de entorpecimiento del transporte y comunicaciones, como así también bajo alguna modalidad de las previstas bajo el Capítulo 1 del Título 5, en cuanto prevé delitos contra la libertad, sin perjuicio de otras normas que V.S. considere de aplicación”.

En la denuncia presentada por “la eventual comisión de delito de acción pública (art. 71 Código Penal)” se describe que un grupo de personas, “supuestamente integrantes de la denominada Corriente Clasista y Combativa ha interrumpido el tránsito, cortando de manera total la Ruta 168, a la altura de la Fuente de la Cordialidad”.

Debido a ello “se encuentra impedido el tránsito por el corredor bioceánico, ya que se encuentra cortada la circulación tanto por el Puente Oroño como por el Puente Colgante, accesos de vital importancia para la ciudad de Santa Fe”.

Al respecto, se remarcó que “la situación reviste especial gravedad por las características descriptas, resultando indispensable que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para garantizar la circulación y efectuar las investigaciones correspondientes ante eventuales conductas que podrían ser encuadradas en el Código Penal”.

También se resaltó que “la Municipalidad de Santa Fe y sus autoridades manifiestan asimismo la total predisposición para colaborar con todas las medidas necesarias, tanto para la investigación como para las acciones concretas” que disponga la autoridad del Juzgado Federal.

En diálogo con LT10, Carlos Pereira, secretario General de la Municipalidad, expresó que “nosotros siempre le hemos reclamado a la gente que protesta que garanticen el derecho básico de los otros ciudadanos. No es la primera vez que hacemos una denuncia. Lo hemos hechos en situaciones de destrozos o roturas del espacio público. También, en situaciones de amenazas y de agravios”.

Además, Carlos Pereira agregó que “este piquete es muy grave porque se bloquean vías de accesos a la ciudad que son prácticamente únicas. Si se corta el puente Oroño se genera un gran problema para una gran cantidad de ciudadanos”.

Consultado sobre si a esta situación lo tiene que resolver el poder político o la Justicia, el secretario General de la Municipalidad sostuvo que “el poder político tiene que tener una decisión firme. Esa es nuestra mirada desde el municipio. La gente tiene derecho a manifestarte y reclamar, pero siempre dentro de un marco legal. Y cuando se violan los derechos de todos tiene que actuar la Justicia”.

Finalmente, Carlos Pereira remarcó que “nadie va a negar que es una situación muy delicada el desalojo de una ruta. Todos recordamos algunos hechos trágicos para el país en el marco del desalojo de rutas. Pero entendemos que desde los gobiernos y desde la Justicia tiene que haber criterios claros para demarcar hasta donde se puede y hasta donde no. Una cosa es cortar 4 de enero y salta y otra muy distinta es cortar el Puente Oroño”.