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 El titular de la Empresa Provincial de la Energía, Daniel Cantalejo, admitió que debido a la afectación del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco) de parte del Poder Ejecutivo, el organismo a su cargo debió girar en descubierto a principios de año para poder cancelar obligaciones corrientes como el pago de sueldo.

La información, que se hizo pública en la reunión que la semana pasada mantuvieron los funcionarios del sector con los diputados provinciales, fue precisada por Cantalejo ante la consulta de El Litoral. El presidente del directorio explicó, primero, que el manejo del Fuco es exclusividad del Ejecutivo, y confirmó después los montos y conceptos por los cuales en enero giraron en descubierto.

“Nosotros, lo que hicimos fue utilizar el descubierto para pagar las facturas de Camesa, y para pagar sueldos. En este momento no recuerdo los montos, pero los sueldos están en el orden de los 30 millones de pesos y lo otro en 25 millones”, dijo el funcionario.

El tema generó la presentación de un pedido de informes el último jueves en la Legislatura. El impulsor de la iniciativa fue el justicialista Mario Lacava, para quien el gobierno “está echando mano a las cuentas de la EPE” a fin de solventar con ello el rojo financiero que posee la provincia (ver aparte).

Nota perversa

Cantalejo volvió a quejarse por los efectos que tendrá en la práctica la nota Nro. 8752 emitida por la Secretaría de Energía de la Nación, que a su criterio, provocará un congelamiento de los ingresos de la EPE.

“La nota -recordó a El Litoral- establece que a toda distribuidora (como la EPE) que aumente la tarifa, la Nación le va a aumentar el precio de la energía, con lo cual los santafesinos pagarían un precio de la energía más caro que el de Capital Federal u otro lugar del país”.

A su criterio, dicha nota “es contradictoria desde el punto de vista de los modelos aplicados a los sistemas de distribución, porque estaría trasladando el problema de subsidio de la Nación en cuatro años a las provincias”. En tal sentido, sostuvo que “si vamos acompañando desde Santa Fe la salida de los subsidios en el precio de la generación que es jurisdicción nacional, y ahora dejamos los ingresos de la EPE congelados a lo largo del tiempo, los gobiernos provinciales van a tener que subsidiar fuertemente la etapa de distribución, con lo cual se traslada un problema de la Nación a las provincias. Es así de perverso”, aseguró.

Por eso, sin hablar explícitamente de privatización, dejó entrever que existe una decisión de la Nación de debilitar a las empresas provinciales.

“Creo que de instrumentarse esto que plantea la Nación, es un debilitamiento claro de la distribución eléctrica en la provincia. Y las experiencias que tenemos de debilitamiento, que son de la década del noventa, terminaron de 22 provincias con sólo nueve que están dentro de la órbita del Estado. Es decir, se provoca en forma externa un debilitamiento de lo que es la EPE porque se le quitan los recursos. La provincia en lo que es la etapa de distribución tiene la obligación de abastecer de servicio eléctrico y con esto se le quita el derecho de decir cuáles son los recursos necesarios para poder prestar el servicio de distribución”, concluyó.

Irresponsabilidad fiscal

El diputado Mario Lacava sostuvo que si bien es facultad del Ministerio de Economía tomar fondos del Fuco -que en su conformación incorpora las cuentas corrientes de empresas y organismos oficiales-, “apelar al endeudamiento de los mismos para financiar el déficit del tesoro provincial es una cuestión sumamente delicada desde el punto de vista político, porque indica a todas luces la necesidad de obtener recursos, por decirlo de alguna forma, “a cualquier precio” y es a la vez, un manifiesto acto de irresponsabilidad fiscal”.

En otras palabras, el legislador consideró que “el déficit generado en el gobierno del Dr. Hermes Binner derivó en que la provincia tome dinero de la EPE, a través de operaciones de préstamos de un banco privado para dar cumplimiento a sus propias obligaciones y la deuda flotante”.

Por ello advirtió que “la caja de la EPE no es para que el ministro pague la deuda flotante, resultado de una mala administración económica y financiera”. Y acotó que “lo que agrava esta situación es que el Ministerio de Hacienda no tiene capacidad de endeudarse sin autorización de la Legislatura, y a su vez, no está autorizado a usar esos fondos para gastos corrientes, de acuerdo al marco legal que rige la administración legal de la provincia (Ley de Administración Financiera y Ley de Responsabilidad Fiscal)”.