El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este jueves a cinco personas involucradas en el tráfico internacional de cocaína e impuso penas de 6 a 10 años de cárcel. Los magistrados hallaron a los acusados, quienes traficaban la droga en cargamentos de palo borracho, como autores responsables del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas”; previo rechazo de los planteos de nulidad realizados por los abogados defensores. Asimismo, el tribunal fijó audiencia para el 1° de marzo, a las 20, para dar lectura a los fundamentos del fallo. La pena más alta fue de 10 años de prisión y recayó sobre el colombiano Fabián Antonio Marín Hernández, de 46 años; y Roberto Carlos Rodríguez Luna, “Cabrito”, de 34 años. David Gustavo Sagardoy, chofer de 43 años -el único que intentó escapar-, recibió condena de 8 años de cárcel. Mientras que Sergio Rafael Velarde, de 36 y Santos Eriberto Bamba, de 39, que eran la mano de obra pesada del negocio, fueron condenados a 6 años.
La causa se inscribe en la denominada Operación Ambassador II en la que se juzgó a una banda de narcotraficantes que actuaba en la Argentina, y tenía conexiones con Paraguay e Italia.
La maniobra delictiva fue desbaratada en Nápoles por la policía italiana, que logró la captura del cabecilla de la banda, Arturo Luglietto, junto con el paraguayo Hernando Solís Ortíz, alias Nani, además de otras cinco personas. La banda se dedicaba al tráfico de cocaína de máxima pureza, que iba escondida en cargamentos de palo borracho que se exportaban de Paraguay, vía Argentina.
Según recordó El Litoral, el 7 de mayo de 2009 fue allanada una finca de Colonia Francesa, en el departamento San Javier, donde se secuestraron 89 kilos de cocaína de máxima pureza, en pleno proceso de embalaje y se consumaron la mayoría de las detenciones.
Durante el juicio el fiscal general Martín Suárez Faisal pidió penas entre 8 a 12 años de prisión para los cinco imputados; mientras que las respectivas defensas reclamaron la “absolución”, y en caso de ser condenados, “se les aplique el mínimo de la pena”.
Por último, se aguarda que tras conocer los argumentos, los abogados particulares Gustavo González -por Marín Hernández- y Gabriel Micheloud -por Rodríguez Luna-, y los Defensores Públicos Oficiales, Germán Artola y Fernando Sánchez, -por Velarde, Sagardoy y Bamba-, recurran a la Cámara de Casación.
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