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El diputado provincial Héctor Acuña y el concejal justicialista Ignacio Martínez Kerz solicitaron “al Superior Gobierno de la Provincia que se abstenga de seguir aplicando el último aumento en las tarifas de energía eléctrica hasta que el servicio se vuelva a prestar con normalidad” y que “a los usuarios que ya abonaron dicho aumento se le deduzca el mismo en la próxima facturación.”

“Pretender mantener un aumento de esta magnitud, en estas condiciones de prestación del servicio, es lisa y llanamente un acto de irresponsabilidad. No se puede cobrar por lo que no se presta. Resulta altamente inequitativo que el Estado haciendo uso de una situación monopólica en la prestación del servicio pretenda continuar con altas tarifas y una pésima prestación”, señalaron.

Según el concejal santafesino Martínez Kerz “escapa a toda lógica, no sólo, desde una mirada conforme a derecho, sino, desde la simple y común observación que no se puede pretender el pago de un aumento por un servicio que además empeora”.

Para el diputado provincial Acuña “la paciencia tiene un límite y el Gobierno parece no percibirlo. Son insultantes las declaraciones que sostienen que la prestación del servicio es razonable. ¿Qué entiende este gobierno por razonable?, se preguntó.

En los fundamentos de la iniciativa, Acuña y Martínez Kerz plantean que “tratándose de una empresa pública estatal, como la define la ley de creación de la Empresa Provincial de la Energía (N° 10.014), es natural que el servicio que presta tenga el carácter casi monopólico, pero ello no es una circunstancia que releve de responsabilidades en dicha prestación, sino que además de las requerimientos propios de la ley, le alcanzan las cuestiones vinculadas con lo habitual en la relación entre un comprador y un vendedor, entre un prestador y un usuario: alguien da una prestación –que debe ser de calidad, continua y suficiente- y el otro paga por ello”, señalaron.

“Es también natural y razonable que ese acuerdo mutuo de prestaciones implica, como cualquier otra transacción, una garantía de calidad sobre lo que se entrega o presta. Si no funciona, lo devuelvo y me lo reparan, me lo cambian por otro o me devuelven o acreditan el dinero. Así que retrotraer el ajuste tarifario último, hasta que la situación se normalice no solo es de estricta justicia, sino que lo manda la ley” indicaron.

Según Acuña el texto de aquella ley N° 10.014 resuelve este tipo de cuestiones: siendo que la EPE “…tiene personalidad jurídica, de derecho público actuando con relación a la gestión y actividades que se le atribuyen con plena autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo, industrial, financiero y comercial, teniendo además para alcanzar este cometido plena capacidad jurídica dentro del campo del derecho privado.”

“Hemos planteado que debía haber un resarcimiento tanto a los usuarios domiciliarios como a los comerciantes, respecto de los cuales se debe tener en cuenta el daño emergente y el lucro cesante. Pero frente a esta situación lo que hoy hay que hacer es suspender el aumento hasta que el servicio se restablezca con normalidad” dijeron.

Los legisladores santafesinos mostraron también su preocupación por la situación de los trabajadores de la empresa provincial. “Hubo desinversión; los mismos trabajadores reclaman que en la ciudad capital está faltando gente y que las cuadrillas no dan abasto para atender el servicio.”

“Se han agotado todos los pasos. Hemos realizado una reunión con los directivos de la EPE en el Concejo Municipal. Recorrimos las obras que la empresa realizó en Santa Fe y estamos convencidos que en el mediano y largo plazo esto no va a impactar positivamente en la mejora del suministro de energía y los problemas van a continuar. El intendente de Santa Fe está a tiempo todavía para ponerse al frente de esta contingencia y apoyar esta iniciativa”, remarcó el concejal santafesino Martínez Kerz.

“Este ha sido un gobierno que prometió invertir en la EPE pero no lo hizo. El gobierno debe ponerse donde la sociedad con el voto lo puso: A gobernar y solucionar los problemas y dejarse de llorar por los rincones por la ineptitud que demuestra en la función pública”, señaló Acuña en conferencia de prensa.

“Ha quedado claro que la grave problemática de la actual prestación del servicio público de electricidad por parte de la EPE no es un problema de la EPE sino del Gobierno Provincial, que así lo ha entendido en los hechos, con los dichos del propio Gobernador y demás miembros del gabinete. Están los instrumentos. Sólo hay que utilizarlos. Los sufridos y dañados usuarios no sólo lo están demandando, sino que lo merecen y así lo manda el espíritu explícito de la ley fundamental”, finalizaron.