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Después de un mes de críticas ambientalistas y cortes de ruta en rechazo de la actividad minera, las principales provincias productoras de oro, plata, cobre y otros minerales, junto al Gobierno y los sindicatos, darán la primera señal clara en defensa del sector. Difundirán, hoy, una posición común con respecto al desarrollo de la actividad, que juntará la firma de gobernadores y de funcionarios de Planificación –posiblemente del ministro Julio de Vido y, con seguridad, del secretario del área, Jorge Mayoral–, en la que defenderán el desarrollo de la industria siempre que esté en línea con el cuidado ambiental.

Los líderes provinciales también discutían anoche lanzar hoy un organismo federal que represente los intereses de los estados mineros. Sería una entidad similar a la Ofephi, la entidad que nuclea a los estados productores de petróleo.

Fue una propuesta del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, que cosechó la simpatía de muchos de sus colegas. “Se trata de hacer un cuerpo entre todas las provincias para defendernos de los ataques antimineros, porque ya no se pueden llamar ambientalistas”, se sinceró un líder provincial bajo pedido de reserva.

Otro funcionario lo definió como “una mesa de control de la actividad a nivel nacional”.

Esos fueron los principales temas que se discutieron anoche en la sede del Ministerio de Planificación. Además de Sapag, fueron de la partida el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera (en su provincia se inició la escalada de rechazo a la actividad, en torno a trabajos en Famatina); de San Juan, José Luis Gioja; de Chubut, Martín Buzzi; de Salta, Juan Manuel Urtubey, de Río Negro. Alberto Weretilneck; y funcionarios de Jujuy y Mendoza, entre otros.
Por el lado del Gobierno estuvieron De Vido y Mayoral.

Catamarca, y en menor medida Córdoba, Formosa, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, también tienen actividad minera.

La mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci, no estuvo presente ayer porque debió atender la situación en su provincia  aunque negó públicamente que la minería afecte el medio ambiente. Será de la partida hoy, cuando los gobernadores, funcionarios nacionales y representantes de los trabajadores se encuentren en la casa de la provincia de Salta, según estaba previsto. Si todos están de acuerdo, allí firmarán un acuerdo federal minero que unifique criterios normativos, ambientales y económicos de la actividad.

Por pedido del Gobierno se incluirán también otros temas en los que ya venía trabajando la cartera de Mayoral. Por caso, la creación de agencias de desarrollo social provinciales que se nutran con fondos de las mineras, la creación de fideicomisos para financiar obras en las comunidades, también con los recursos provenientes de la actividad, y la creación, por parte de las provincias que aún no las tienen, de empresas públicas para que actúen en sociedad con las empresas privadas en los proyectos.

La reacción de los gobernadores llegó casi un mes después de que comenzaron las protestas contra el sector. El primer enclave antiminero se produjo en torno a la explotación del cerro Famatina, en La Rioja, y continuó con cortes de ruta en distintos puntos cercanos a emprendimientos mineros.

El viernes, la policía provincial de Catamarca, reprimió con gases, balas de goma y perros para desalojar a quienes manifestaban en la ruta 60, lo que dejó decenas de demorados y 16 heridos