En la ciudad de Santa Fe, padres de dos colegios privados, manifestaron su preocupación y el rechazo por un aumento desproporcionado de las cuotas. Son los casos de La Salle y Sara Faisal, en los cuales ya intervino el Ministerio de Educación.
Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo, aseguran que hubo una falla del ministerio en no fiscalizar previamente los aranceles y accionar luego de que los padres realizaran los reclamos.
"Hay una ley que establece la responsabilidad del Ministerio en la fiscalización de los aranceles y cuotas, previo a los reclamos" detalló el defensor del Pueblo, Jorge Henn. Asimismo, destacó que la mayoría de los colegios privados reciben subvenciones de hasta el 80% de sus plantas y que "hay un decreto que establece la obligación del Ministerio de exponer de forma pública los topes máximos, y que los acuerdos extrarancelario de excusas como que te cobro el buffet, no pueden ser un obstáculo para impedir que se garantice el derecho a la educación".
Además, asegura que tiene que haber inspectores contables encargados de "advertir previamente que hay excesos en los topes arancelarios. Esto no puede ser a pedido de partes como si fuera un almacén".
"Nosotros, de oficio, podemos pedir a los funcionarios que nos digan cuáles son las acciones de consumo cotidianas que llevan adelante para detectar estos excesos en los topes arancelarios" agregó sobre la tarea que llevarán a cabo. Pero aseguró que "esto no habría pasado si el Ministerio de Educación hubiese fiscalizado las cuotas antes".