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 El vicepresidente a cargo de la presidencia, Amado Boudou, advirtió hoy que el Gobierno “no se hace cargo de las corporaciones” e indicó a la empresa petrolera YPF que el Estado no permitirá “la discriminación de precios”.

“Repsol: no vamos a permitir la discriminación de precios en la República Argentina”, aseveró así Boudou, al encabezar un acto en Mar del Plata, de firma para la realización de una exposición industrial.

Además, el funcionario ratificó que el Gobierno “va a seguir enfrentando con su cara más seria a las corporaciones cuando pretendan llevarse puestos a los ciudadanos”, en referencia a la supuesta “cartelización” de precios por parte de las petroleras que denunció públicamente.

“Es un gobierno de Néstor Kirchner y ahora de nuestra Presidenta, que tiene que ver con aceptar los desafíos de la historia y gobernar para aquellos que han votado”, agregó el vicepresidente.

Durante un acto en el balneario de Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, Boudou dijo, además, que "este Gobierno trabaja con alegría, pero va a seguir enfrentando con su cara más seria a las corporaciones cuando se pretenda llevar puesto
el bienestar de la población".

El vicepresidente hizo estas declaraciones después de que la petrolera argentina YPF, cuyo 25% accionario está en manos de la familia Eskenazi aunque la mayoría del paquete sigue siendo controlado por Repsol, consideró este miércoles ‘injustificada‘ la denuncia del Gobierno argentino a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (antimonopolio) por supuestos ‘sobreprecios‘ de hasta el 30% en el precio mayorista del gasóleo con relación al minorista.

"YPF rechaza de plano la denuncia formulada el lunes último por autoridades del Gobierno nacional y está a disposición, como siempre, para brindar las explicaciones que les sean requeridas por cualquier autoridad", indicó la petrolera en un comunicado.

La petrolera de Repsol controla el 65% del mercado de gasóleo, secundada por Shell, con el 20 %, y Esso (Exxon), con el 9 %, mientras que Petrobras y la argentina Oil se dividen el resto, según el Gobierno.