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La provincia invirtió el año pasado 1.300 millones de pesos para pagar reemplazos en las áreas de educación, salud y desarrollo social. Los datos corresponden a un relevamiento de la Fundación Apertura y representan un ausentismo que roza, dentro del Estado, el 25 por ciento, muy lejos del que se registra en el sector privado: entre el 3 y el 8 por ciento.

Pero hay más. Si el análisis va hacia atrás, en los últimos 15 años el ausentismo avanzó a razón de un uno por ciento anual, explicaron los autores del informe. La mirada oficial coincide con la cifra, pero difiere en algunos cálculos. En este sentido, según el gobierno provincial, en mayo hubo una retracción "por las medidas que se están tomando".

"Sí. Ese fue el monto de 2011, pero no lo llamaría gasto, es una inversión para mantener funcionando los sistemas de educación, salud y desarrollo cuando faltan algunos de los agentes", dijo el secretario de Recursos Humanos y Función Pública, Juan Carlos Pucciarelli. Además, admitió que la cuestión preocupa, por lo que ya se pusieron en marcha acciones para amortiguar los efectos.

"El porcentaje de ausentismo es alto, hay que corregirlo y estamos trabajando en esto que se da en distintas magnitudes de acuerdo a las tareas que se realizan", dijo Pucciarelli. Y aseguró que en mayo de 2012 hubo un 11,6 por ciento menos de ausentismo que en igual mes de 2011.

Entre las causas, las enfermedades de corta y larga duración ocupan el primer lugar. "Hay que ser cuidadosos con estos temas, porque por cubrir un aspecto económico bajo ningún punto de vista se puede dejar librada a su suerte la salud de los trabajadores", enfatizó el portavoz de Recursos Humanos de la provincia.

También, Pucciarelli dijo que el 25 por ciento que difundió la Fundación Apertura no discrimina entre los reemplazos de ausencias temporarias y aquellos que se realizan para cubrir a quienes están en tareas diferenciales (las que realizan ad hoc quienes por alguna razón no pueden cumplir con sus funciones originales).

 Para Esteban Hernández, de Apertura, la distinción entre reemplazos por ausentismo o por tareas diferenciales no afecta al monto total que eroga la provincia y que, por su envergadura, se vuelve insoslayable. "Los números demuestran que el año pasado el ausentismo entre los agentes públicos sobrepasó el 24 por ciento de la plantilla. Es decir, la cuarta parte de los agentes públicos se ausenta, cobra, no presta servicios y, en el caso de educación, desarrollo social y salud, en esos días también se le paga a un reemplazante", estimó. Aunque también consideró importante destacar "al 75 por ciento de los agentes que, pudiendo, no abusan de esta práctica".

Según Hernández, si se lograra bajar el ausentismo baje al 10 por ciento anual, en función de lo que se invertiría en suplencias en 2012, podría producirse un ahorro de 900 millones de pesos. "Esto es posible, sólo necesitamos que la sociedad discuta con números en la mano y deje de lado la ancestral costumbre de hacerlo con frases vacías", enfatizó.

En su opinión, "los agentes públicos, que son trabajadores pero también ciudadanos y responsables de lo que le pasa a la provincia, deben asumir que faltar genera un gasto que paga toda la sociedad vía tributo. Disminuyendo el ausentismo y logrando que el Estado nacional pague algo de lo que debe a Santa Fe, se hace casi innecesario el aumento de impuestos provinciales", concluyó Hernández.

En mayo, el diputado provincial por el Justicialismo, Ricardo Olivera, presentó un pedido de informes sobre el ausentismo docente ya que, según sus cálculos, insumiría unos 1.200 millones de pesos anuales. "No estoy planteando volver al presentismo. Creo que la solución pasa por un seguimiento serio y responsable de la tarea docente, con incentivos, contención y asistencia en casos de salud", dijo el legislador.