La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un imponente operativo de control de empleo en un predio dedicado a la fabricación de ladrillos en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde detectó que el 100% de los trabajadores relevados no se encontraban debidamente registrados por su empleador. En total, se relevaron a 138 empleados contratados en forma irregular y en condiciones laborales de extrema precariedad. Además, había seis menores de edad trabajando.
Los trabajadores relataron que cumplían jornadas laborales de 16 y 12 horas, con dos horas de descanso y que el sueldo mínimo era de $1000. Además, les descontaban $ 23 al mes por el uso de la luz.
De acuerdo a los datos obtenidos por los agentes fiscales, cada empleado produce 2.800 ladrillos por día, que luego son vendidos al corralón a $1, y éste a su vez lo comercializa a $3.
Los agentes de la AFIP visitaron 3 hornos. En uno de ellos, se encontraron ladrillos por un valor estimado de $ 20 millones, además de 10 tractores valuados, aproximadamente, en $300.000 cada uno. Cabe destacar que, se considera esta época como temporada baja de elaboración de ladrillos. En tanto entre septiembre a marzo, se duplica la cantidad de empleados en los hornos porque es la temporada alta de producción.
Según las investigaciones de los agentes fiscales, el responsable de los hornos donde se llevó a cabo el procedimiento, se moviliza en helicóptero y en una camioneta 4x4. Además posee una avioneta. Por su parte, los trabajadores vivían hacinados en casillas, donde dormían en grupos de a cinco y seis personas. No tenían baños, ni les proveían los materiales e instrumentos necesarios y adecuados para la realización del trabajo.
La mayoría de los trabajadores eran de nacionalidad boliviana. Durante el operativo, los inspectores de la AFIP pudieron constatar como el capataz mandó a esconder a los empleados, mientras que, aproximadamente 60 trabajadores se escaparon al momento del procedimiento.
Al no estar registrados, los trabajadores no gozan de ninguna protección en caso de accidente de trabajo o frente a la posibilidad del desempleo. Tampoco reciben las asignaciones familiares correspondientes y no podrán acceder a una jubilación en el futuro.
Los responsables del establecimiento se encuentran bajo fiscalización del organismo quien determinará deuda por capital, intereses y multas, que podrían derivar en acciones penales.
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