La Comisión para la Muerte Asistida británica tiene previsto entregar esta semana un informe en el que indica que el suicidio con ayuda médica debe despenalizarse en algunos casos, según ha sabido The Guardian.
La comisión tiene un carácter semipúblico. Aunque está financiada por fondos privados, su presidente es un miembro de la Cámara de los Lores, Charles Falconer, quien fue el primer secretario de Estado para Asuntos Constitucionales británico durante los Gobiernos de Tony Blair.
La recomendación es cambiar la actual legislación, que establece penas de hasta 14 años de cárcel para quienes ayuden a una persona a cometer suicidio. La condena es muy superior a la española, donde en determinadas circunstancias (que se trate de un enfermo incurable en estado terminal que haya solicitado repetidas veces ayuda para poner fin a su sufrimiento) la colaboración necesaria con el suicidio, tipificada en el artículo 143, establece de una manera general que “el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años”, pero, sin embargo, matiza que si lo hace “por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados”.
La aplicación estricta de la legislación británica había llevado a casos en los que la persona afectada por una enfermedad terminal que decidía acudir a Suiza (único país donde el suicidio asistido está permitido) temían que quien les acompañara fueran procesados a la vuelta. El último de ellos fue el de Debbie Purdy, una mujer con esclerosis múltiple que pleiteó para asegurar que su marido, Omar Puente, no iba a ser procesado si la acompañaba. Purdy lo consiguió en 2009, pero Diane Pretty, siete años antes, no lo logró, y al final murió por las complicaciones de su enfermedad.
En España el último caso conocido de una persona que pidió ayuda médica para morir porque padecía una enfermedad terminal ha sido el de Pedro Martínez. A pesar de residir en una comunidad con una ley de muerte digna, tuvo que esperar a que un médico decidiera que estaba ya en situación terminal para recibir una sedación, en lugar de la asistencia al suicidio que pedía.
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