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 La Cámara Federal porteña confirmó la elevación a juicio oral y público de Armando Gostanian, ex titular de la Casa de Moneda durante el primer gobierno de Carlos Menem, por presunto enriquecimiento ilícito.

La Sala II de la Cámara rechazó un pedido de nulidad de la defensa del ex funcionario contra la elevación a juicio de la fiscalía en la que consideró que estaba incompleta la acusación ya que no detallaba los bienes que no justificó por los que se lo quiere juzgar.

Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron, en el fallo al que accedió DyN, que la fiscalía “efectuó la evaluación vinculada a la parte del patrimonio que entiende no ha sido justificada, señalando aquellas acreencias que -con remisión al detalle efectuado oportunamente por la Oficina Anticorrupción- forman parte de la imputación”.

Gostanian, ex titular de la Casa de Moneda entre el 10 de agosto de 1989 y diciembre de 1999, está procesado por el presunto enriquecimiento ilícito en 661.180,18 dólares durante su paso por la función pública.

Según la acusación, Gostanian no pudo justificar la compra de un departamento en la ciudad balnearia de Punta del Este, en Uruguay, ni el pago de dividendos y honorarios del exterior de las empresas Old Herald Corp SA, de Inversora Roxton Corp. SA ni de Atlantic York Corp SA.

Se trata de fondos que el ex funcionario cobró entre 1995 y 2000 pero de los que no hay registros contables. “A lo largo del sumario se ha profundizado técnicamente la investigación con expertos contables en la materia y las conclusiones a que arribaron los informes analizados, nos llevan a concluir, con el grado de certeza exigible que esta etapa procesal requiere, que Armando Gostanian vio incrementado su patrimonio de manera incompatible con los ingresos provenientes de la función pública desempeñada”, sostuvo la Cámara en octubre de 2009 cuando confirmó el procesamiento de Gostanian.

Gostanian fue procesado por el juez Norberto Oyarbide por el delito de enriquecimiento ilícito que para el caso de funcionarios públicos está penado con dos a seis años de prisión.