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Los concejales rosarinos Norma López y Roberto Sukerman, del FpV-PJ señalaron que ¨los poderes de la República y sus instituciones deben continuar con las políticas públicas ejercidas por el Gobierno Nacional¨.



Ante la decisión de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales provinciales de Rosario de levantar la suspensión de la matrícula de abogado que pesaba sobre el ex teniente Daniel Amelong, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, los concejales Norma López y Roberto Sukerman del Frente para la Victoria - PJ, aseguraron ¨estar convencidos de que los poderes de la República y sus instituciones, deben continuar con las políticas publicas de justicia, verdad y memoria, ejercidas por el Gobierno Nacional y de hacer más transparente cada mecanismo democrático¨.



Por su parte, Norma López señaló que ¨esta medida permite mantener la matrícula de abogado a una persona que fue condenada a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº 1 por privaciones ilegales de la libertad, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados, todos ellos delitos de lesa humanidad. También el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Amelong a 13 años de prisión por el robo de bebés nacidos en cautiverio. Ninguno de los poderes del Estado puede avalar que un genocida sea garante de derechos constitucionales ¨.



¨Vemos con preocupación la decisión de la Justicia que asiste a uno de los represores para el ejercicio de su profesión de abogado. Nos preguntamos cómo alguien acusado por delitos de lesa humanidad puede defender las garantías individuales y los derechos plenos de cualquier ciudadano¨, apuntó Sukerman.



¨Ya en julio del año pasado, el Concejo Municipal exhortó al Colegio de Abogados a suspender la matrícula para el ejercicio de la profesión de Amelong por estar acusado de delitos de lesa humanidad, conjuntamente con Organismos de Derechos Humanos¨, recordó López.



¨Nosotros consideramos que quién ejerza la profesión debe ser una persona ética y estamos en presencia de un genocida que tendría que haber sido encarcelado hace ya muchos años¨, aseguró el concejal Sukerman.