Montevideo - El Senado uruguayo aprobó en la madrugada del miércoles, en su última sesión del año, un cuestionado proyecto de ley para crear un impuesto a propietarios de más de 2.000 hectáreas de campo, con el fin de combatir la concentración de la tierra.
El proyecto -impulsado por el presidente José Mujica- fue aprobado por 16 votos en 27, solo con los votos del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda), y como ya había sido aprobado en noviembre por la Cámara de Diputados pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El llamado Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) prevé un gravamen anual de 67 Unidades Indexadas por hectárea (unos 8 dólares) para las extensiones de tierra entre 2.000 y 5.000 hectáreas; de 100 Unidades Indexadas (12 dólares) la hectárea para aquellas extensiones entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y de 135 Unidades Indexadas (16 dólares) la hectárea para las propiedades superiores a las 10.000.
En todos los casos se gravará aquellas tierras con un índice Coneat (utilizado para medir la calidad del suelo) superior a 100 o equivalente; es decir, que 3.000 hectáreas con índice 60 no pagarían, pero 1.500 hectáreas con índice Coneat 200 sí lo harían.
En su exposición de motivos, el proyecto sostiene que en dólares corrientes el valor de la hectárea se multiplicó por nueve en 20 años, y que en dólares constantes se multiplicó por
cuatro, mientras que esta valorización de la tierra no se reflejó a nivel fiscal.
Según los cálculos del gobierno, el nuevo impuesto afectará a menos de 1.500 de los más de 50.000 productores que tiene el país, que poseen un tercio de las 17 millones de hectáreas cultivables o productivas de todo el territorio.
El gobierno estima que el impuesto permitirá recaudar unos 60 millones de dólares anuales que serían destinados a obras de acceso o de vías rurales en los departamentos del interior.
El polémico impuesto fue presentado el 22 de agosto por el gobierno, tras meses de debate en el seno del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) entre los sectores afines al presidente Mujica, que buscaban su aprobación, con los grupos que responden al vicepresidente Danilo Astori.
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