Bachar el Asad parece haber decidido eliminar al mayor número posible de opositores antes de la llegada a Siria, el jueves o el viernes, de los primeros observadores de la Liga Árabe. La violencia gubernamental ha alcanzado el máximo nivel desde el inicio de la revuelta, en marzo, y los portavoces de la oposición al régimen aseguran que en las últimas 48 horas se han registrado matanzas en varios puntos del país, con el resultado de unas 200 personas muertas, entre ellas unos 60 desertores y 14 soldados del Ejército víctimas de una emboscada cerca de Homs.
El plan de pacificación propuesto por la Liga Árabe y oficialmente aceptado, tras muchas dudas, por el Gobierno sirio, incluye, además de la presencia de observadores, el regreso de las tropas a sus cuarteles y el inicio de un proceso de diálogo entre la dictadura y sus enemigos. Burhan Ghalioun, presidente del Consejo Nacional de Transición que aglutina a las fuerzas opositoras, afirma que El Asad está lanzando las operaciones represivas más duras hasta la fecha. Ghalioun duda que el régimen tenga realmente la intención de aplicar el plan de pacificación, porque una retirada de las tropas supondría de forma casi automática dejar gran parte del país bajo control de la oposición.
El Ejército sirio se emplea con especial dureza en la región noroccidental de Idlib. Fuentes de la oposición aseguran que al menos 60 desertores integrados en el llamado Ejército de la Siria Libre fueron abatidos el lunes por fuego de ametralladora en Kafr Oued, donde prosiguen los combates. El Gobierno de Bachar el Asad impide que la prensa extranjera trabaje en el país, por lo que resulta imposible verificar esas informaciones. La oposición dice también que el Ejército ha irrumpido en numerosos hospitales para secuestrar a activistas heridos y trasladarlos a bases militares, con el fin de que no puedan testificar ante los observadores de la Liga Árabe.
Los servicios de espionaje israelíes, viejos enemigos de Bachar el Asad, estiman que unos 10.000 soldados han desertado ya del Ejército para sumarse a la oposición, aunque la cúpula militar y los oficiales de alta graduación se mantienen fieles al régimen. El Gobierno sirio asegura que se limita a combatir a bandas armadas financiadas desde el exterior y ha aprobado una ley que impone la pena de muerte sobre cualquier persona que participe, de forma directa o indirecta, en el tráfico clandestino de armas.
La agencia oficial de noticias Sana ha informado de que las fuerzas navales y aéreas sirias desarrollan maniobras con fuego real, mientras las tropas de tierra combaten contra la oposición en todo el país, para poder hacer frente “a cualquier agresión contra la patria”.
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