El Ministerio de Salud de la Nación presentó el protocolo para la atención integral de las víctimas de violaciones sexuales, que será incorporado en las guardias de los hospitales públicos.
Entre la serie de medidas que integran el protocolo se encuentran el tratamiento médico para las víctimas de una violación, que consiste en la atención inmediata de las lesiones, la aplicación de medicación para prevenir el VIH/Sida y la hepatitis B y, en caso de estar a tiempo de hacerlo, tratamientos para las infecciones de transmisión sexual y anticoncepción hormonal de emergencia. Además, abarca la contención psicológica y el asesoramiento para denunciar el caso ante la Policía, si es que la víctima decide hacerlo.
El documento, que se presentó hoy en la Jefatura de Gabinete, fue definido por el subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto, como una “herramienta imprescindible” y anunció que será incorporada a los hospitales. El Ministerio de Salud ya imprimió 20.000 ejemplares, que serán distribuidos en centros de salud del país.
“El protocolo habla de violaciones tanto de mujeres como de varones", aclaró Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, quien definió el trabajo como "un material con perspectiva de derechos, integral y comprensivo", que abarca no “sólo la parte médica, sino la asistencia psíquica” de las víctimas.
Según las últimas estadísticas elaboradas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2008 se realizaron en todo el país 10.604 denuncias por delitos contra la integridad sexual, de las cuales un tercio (3.367) corresponden a violaciones.
La socióloga Silvia Chejter, que trabajó en la actualización y redacción del protocolo, insistió en la importancia de que todo el sistema sanitario lo conozca e implemente y que “también sepa derivar, en caso de que no pueda implementarse de manera inmediata la asistencia adecuada". Además, subrayó la necesidad de que “se cuenten con los kits necesarios en los centros de salud".
El protocolo fue elaborado a partir de las recomendaciones de un comité de expertos convocado por el Ministerio de Salud de la Nación e integrado por el Programa Víctimas Contra la Violencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y contó con la colaboración de asociaciones médicas.
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