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¿Es razonable pintar la casa sin reparar antes las cañerías? El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, presentará el 9 de diciembre a los líderes de la UE, reunidos en Bruselas en un cumbre que se presenta como la última oportunidad para salvar a la divisa europea, un informe sobre la reforma del Tratado de Lisboa: qué hay que cambiar y cómo hacerlo.

Rompuy y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ya han abierto el confesionario, un mecanismo de consultas bilaterales dirigido a identificar el máximo común denominador entre los 27. El objetivo es construir el gobierno económico europeo —una política fiscal y presupuestaria común— y subsanar así el pecado original con el que nació el euro.

Las propuestas que hay sobre la mesa suponen una nueva vuelta de tuerca en el ajuste y la disciplina fiscal: imposición de sanciones automáticas —como la pérdida del derecho de voto o de los fondos de cohesión— para los países que incumplan el compromiso de déficit; censura previa de los proyectos de presupuestos antes de que se presenten a los parlamentos nacionales, y supervisión estricta de su ejecución. Además de la siempre aplazada armonización de tipos impositivos.

La Comisión Europea ya visa los presupuestos nacionales pero sus opiniones no pasan de meras recomendaciones, mientras que en el futuro tendrían el peso de un dictamen vinculante.

La cuestión es tan delicada que ni siquiera Francia y Alemania se ponen de acuerdo en cómo abordarla. Merkel, según fuentes comunitarias, aboga por dotar a un supercomisario europeo de los nuevos poderes y por convertir al Tribunal Europeo de Justicia en el árbitro que sanciones a los incumplidores. Sarkozy, receloso de ceder soberanía a Bruselas, aboga por dejar la llave en manos de los líderes de la zona euro y reclama mecanismos de solidaridad a cambio.

No menos complejo es dar forma jurídica al proyecto. La experiencia demuestra que reformar el tratado es embarcarse en una travesía incierta, sujeta a los vaivenes de la política doméstica de los 27 países socios y pendiente hasta el último momento de la amenaza de naufragio.

Lo más probable, según las fuentes consultadas, es que, en vez de modificar el articulado del tratado, se opte por agregar un protocolo que solo vincule a los 17 países del euro. Pero ni siquiera así podría evitarse que cualquiera de los otros 10 socios amagase con ejercer el veto.

Por eso el plan B diseñado por Francia y Alemania —no está claro si como alternativa o forma de presionar a los más remisos a reformar el tratado— es un acuerdo intergubernamental paralelo. Los 17 del euro firmarían su propio tratado al margen de la UE, como en su día lo hicieron los socios de Schengen, el acuerdo de supresión de fronteras. Lo que no está claro es como podría el Tribunal de Justicia de la UE vigilar el cumplimiento de un tratado ajeno a las instituciones comunitarias. Y lo que es más peligroso, agregan las mismas fuentes, qué pasaría si alguno de los socios del euro no se incorpora al futuro tratado por considerar sus preceptos demasiado duros. “No solo estaríamos ante la Europa de dos velocidades, sino ante la ruptura de la divisa europea”, advierten.

El Gobierno español asiste expectante al resultado del debate. Cree que la reforma del tratado de Lisboa no es necesaria y puede resultar contraproducente. Sostiene que, si al final hay reforma, “debe ser un acuerdo a 27”, no limitado a los socios del euro. E insiste en evitar a toda costa la ruptura de la eurozona. Pero agrega que, en todo caso, quiere estar en la vanguardia de la construcción europea, el núcleo duro de la UE, sea el que sea. En contrapartida a la disciplina fiscal, espera que Merkel admita una “flexibilización” del papel del Banco Central Europeo, para que pueda actuar como prestamista de último recurso.

“Lo importante no puede llevarnos a dejar de lado lo inaplazable. Si no se toman medidas para frenar la sangría que supone la escalada en la prima de riesgo, la reforma del tratado puede llegar demasiado tarde para salvar al enfermo”, advierten fuentes gubernamentales. Lo que pasa por aplicar ya los acuerdos de la cumbre europea del 27 de octubre, que preveían dotar al fondo de rescate de potencia suficiente para movilizar hasta un billón de euros.

Por una vez, los dos principales partidos están de acuerdo en la estrategia y coordinados. Zapatero y Rajoy, que ya han tratado el asunto, volverán a hacerlo la semana que viene. Y se repartirán los papeles: Rajoy defenderá ante Merkel y Sarkozy el 8 de diciembre en Marsella, en la cumbre conservadora europea, la misma posición que Zapatero al día siguiente en Bruselas.