Con críticas opositoras que denuncian una "puesta en escena" y un "circo" del oficialismo, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza su debut y sesiona en el marco de los pedidos contra la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño en sus funciones.
La presidenta de dicha comisión Carolina Gaillard (Frente de Todos) comprobó el quórum conseguido por el oficialismo a las 11 y brindó un mensaje introductorio explicando paso por paso el procedimiento del juicio político, desde el análisis de la admisibilidad de las denuncias a los acusados, pasando por la apertura del expediente de acusación, la etapa sumarial de producción de las pruebas, y la eventual votación en el recinto.
En total hay 14 pedidos de juicio político, que apuntan al desplazamiento de los magistrados e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.
En primer lugar se cuestiona a los cuatro jueces por el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos.
En segundo término, se acusa a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio (en detrimento del Frente de Todos) en la composición del Consejo de la Magistratura.
Según detalló Gaillard, luego de esta primera reunión de trabajo la comisión volverá a reunirse el próximo jueves 2 de febrero para recibir a los autores de los proyectos, pero el día clave será el jueves 9 de febrero cuando se procederá al análisis de la verosimilitud de las denuncias realizadas y se evaluará la admisibilidad de los pedidos de juicio político.
Si del estudio previo del expediente surgen indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia de juicio político, se procederá a dictaminar la apertura del sumario.
Concluida esta etapa preliminar, se iniciará una segunda fase denominada "informativa" o "sumarial", que consiste consiste en la producción de toda la prueba para formular luego la acusación (o no).
El sumario se sustancia con informes, inspecciones, registro y secuestro de elementos, intercepción de correspondencia o comunicaciones telefónicas con intervención de un juez, citación a testigos y a los acusados para que hagan uso de su derecho de defensa.
El vicepresidente de la comisión de Juicio Político y jefe de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, reclamó que las citaciones a invitados pudiera hacerse antes de la declaración de admisibilidad de las denuncias, pero el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, rechazó esta posibilidad y aclaró que lo convenido es que esa etapa sea posterior.
Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que haga su descargo mediante un informe escrito u oral. La incomparecencia del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones.
Terminada esta etapa, sobrevendrá la fase "resolutiva", que es cuando las actuaciones pasan a estudio de la comisión para su dictamen definitivo.
Si la Comisión resolviera que es improcedente el juicio político, así lo declarará en su dictamen, aconsejando su rechazo al Plenario de la Honorable Cámara de Diputados. Pero si a criterio de la Comisión hubiese motivos fundados para el enjuiciamiento, lo hará constar en su dictamen, pronunciándose sobre cada uno de los cargos, elevando lo resuelto a la Honorable Cámara de Diputados.
Con 16 de los 31 miembros, el oficialismo -si logra contener cualquier peligro potencial de fugas- tiene la mayoría simple necesaria para abrir el sumario de acusación por mal desempeño contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, lejos está de poder contar con los dos tercios de votos necesarios en ambas cámaras para poder declarar culpables a los acusados y así aplicarles las sanciones correspondientes.
Es en ese sentido que desde la oposición advierten que el oficialismo solamente tiene como propósito armar "una puesta en escena" y un "circo" para instalar un relato sobre la supuesta imparcialidad de la Corte para entretener a la opinión pública mientras se profundizan los problemas de la economía.
Por caso, el vicepresidente de la Cámara de Diputados y secretario en la comisión Omar de Marchi (PRO) pidió la palabra para denunciar "esta puesta en escena que nos ofrece hoy el presidente, que es el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario".
Para el mendocino, el juicio político "no forma parte de la agenda principal de la Argentina", ya que la agenda principal "tiene que ver con el 50% de pobres, con un 100% de inflación acumulada solamente en el último año y que el ajuste que lleva adelante este Gobierno lo hace a costa de la inflación para con los sectores más vulnerables".
Según De Marchi, "la agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir y manipular" al Poder Judicial que "tuvo la valentía de condenar al poder en la Argentina" (en alusión a la sentencia contra la vicepresidenta Cristina Kirchner).
"No nos vamos a someter al juicio político que ustedes promueven pero sí vamos a defender la independencia judicial con nuestro cocimiento, con nuestros saberes", manifestó López minutos más tarde.
A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó que a los dos bloques mayoritarios que polarizan en el país "les conviene estar discutiendo este tema y no sobre los grandes problemas economicos".
La referente trosquista del PTS denunció que Juntos por el Cambio prefiere prestarse a este debate antes de tratar la moratoria previsional que beneficiaría a 800.000 personas que no llegan con la cantidad de aportes jubilatorios, o antes que debatir la Ley de Humedales.
"Nadie habla del ajuste brutal que está llevando adelante Sergio Massa", azuzó Bregman, que acusó de cómplices de esta política económica a todos los sectores del Frente de Todos que hacen silencio y no dicen nada sobre las consecuencias sociales. Sin embargo, la diputada de izquierda aseguró que "hay grandes motivos para cuestionar" a este tribunal que "es la Corte del 2x1".
"¿Qué podemos pensar de una Corte que quiere beneficiar a los genocidas y que se le responde con la única manera que se puede responder para que retroceda que es con la movilización popular?¿Qué podemos pensar de una Corte que arbitra con cuestiones netamente políticas como por ejemplo decidir quién puede ser candidato y quién no?", siguió.
"Llega al extremo de exhumar leyes que tienen 16 años de haber perdido vigencia para que algún juez suprema (por Horacio Rosatti) pueda autopercibiirse presidente del Consejo de la Magistratura", fustigó.
No obstante, aclaró que esta Corte "no nació de un repollo" ya que "desde 1983 para acá el peronismo ha tenido mayoría en el Senado", el órgano que da acuerdo para las designaciones.
"¿Ahora nos enteramos que Rosatti protegió genocidas? Y cuando fue ministro de Justicia del gobierno kirchnerista no se sabía?", se preguntó la legisladora izquierdista.
"Impugnamos claramente que un grupito de personas que nadie eligió ni votó, y que llegan ahí por las componendas de los partidos mayoritarios puedan decidir sobre las vida de millones", concluyó.
A continuación, Leopoldo Moreau (Frente de Todos) rechazó la caracterización de "circo" que le endilga la oposición al trámite de juicio político contra la Corte en la Cámara de Diputados.
"Los pitonisos adelantan que no van a estar los dos tercios. Cuando la Coalición Cívica impulsó el juicio político contra la Corte no dijo que era un circo a pesar de que era matemáticamente improbable conseguir los dos tercios. Tal vez ahora puedan reunirlos. En aquel momento ningún medio de comunicación calificó la presentación como un intento de un show o de un circo", aseguró el radical kirchnerista sobre la presunta doble vara de la oposición y de un sector de la prensa.
Por otra parte, llamó a "poner fin a este procedimiento mafioso del que forma parte la Corte", y señaló que tanto Horacio Rosatti como Carlos Rosenkrantz cometieron el "pecado original de haber aceptado ser designados por decreto" de Mauricio Macri.
El chaqueño Juan Manuel Pedrini recordó que en el marco de la causa por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, los gobernadores pidieron ser considerados como amicus curiae y la Corte Suprema hizo caso omiso a las solicitudes.
En tanto, la macrista Sabrina Ajmechet embistió contra el oficialismo al que acusó de "hacer lo que hacen todos los gobiernos populistas frente a los problemas: se victimiza".
"Siguen repitiendo ´ah pero Macri´ pero como ya no les alcanza, entonces necesitan decir que el Poder Judicial va por ustedes", continuó.
"Saben que no van a prosperar estos pedidos de juicio político en el recinto y sin embargo lo que quieren es que la agenda política esté concentrada en esto en lugar de las necesidades de la gente", argumentó.
En esta línea, afirmó que el oficialismo impulsa un "circo" en la comisión de Juicio Político "con el único objetivo de búsqueda de impunidad".
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