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Se aprobó en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe el Proyecto de Ley de Ética Pública para dicha Provincia, elaborado en forma conjunta por cuatro políticos que participan de Fundación RAP (Red de Acción Política): Mónica Peralta (Diputada Provincial, GEN), Clara García (Concejal de Rosario, Partido Socialista), Pablo Javkin (Diputado Provincial, Coalición Cívica) y Ricardo Spinozzi (Senador Provincial, Partido Justicialista).

Mónica Peralta, del Partido GEN Santa Fe expresó: “La aprobación del Proyecto de Ética Pública es un paso adelante en la mejora de la calidad institucional de la función pública. Para mi es una enorme satisfacción ya culminando mi mandato como diputada poder haber participado de la elaboración y la aprobación del proyecto de ley.”

Dicho proyecto obtuvo a sanción definitiva, llegando así a la media sanción que le faltaba. La ley prevé un capítulo referido a deberes y pautas de comportamiento ético, incompatibilidades y conflictos de intereses; lo relacionado al régimen de obsequios a funcionarios públicos y la creación de una Comisión Provincial de Ética Pública. “La presente ley de ética pública en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías…” reza el artículo 1 sobre objetos y sujetos de la ley.

“Trabajando esta ley en común hemos generado un compromiso. Donde el bien ha superado los intereses partidarios, ya que diversos partidos nos hemos puesto de acuerdo en la necesidad de la ley. Queremos un estado transparente. Hemos logrado con integrantes de cuatro partidos políticos diferentes, pensar una lógica política diferente”, dijo la diputada provincial Mónica Peralta.

Esta ley está destinada a quiénes se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, los que deberán observar las mencionadas pautas como requisito de permanencia en el cargo.

La ley plantea la conformación de una comisión provincial de ética pública independiente de los poderes estatales, compuesta por cinco miembros, una cantidad menor que la prevista en la ley nacional a los fines de garantizar su funcionamiento operativo ya que a nivel nacional la misma nunca pudo llegar a constituirse.