Combatir la inseguridad es difícil, prevenirla aún más, reprimirla es lo menos complejo, pero lo más efímero y riesgoso. Ahora, sin un plan, es imposible lidiar con ella.
Tampoco con mezquindades y oportunismos electoralistas. La clase dirigente argentina toda, y en este caso la santafesina tiene varias deudas en democracia, ésta es una de las tantas que no fueron saldadas. A falta de un programa interdisciplinario se le suma una “explosiva” situación social en franco deterioro. Urge abordar esta lacerante realidad sin más dilaciones. Los muertos, los miedos y la incertidumbre que genera en la sociedad, lo ameritan.
Números que lo dicen todo
El 2022 que se fue dejó 426 crímenes en todo el territorio provincial. Se trata de una cifra superior a las registradas desde 2016 en adelante para el mismo período, aunque inferior a los registros de 2014 y 2015.
La edades de los fallecidos es impactante, más del 60% de los asesinados está en la franja etaria que va de los 15 a los 34 años.
En esta estadística fatal, Rosario y Santa Fe aportan más del 85% de las muertes violentas.
En el departamento La Capital se registraron 68 homicidios.
En Rosario, se llegó a un récord histórico con 288 asesinatos, de ese número más del 86% fue ejecutado por armas de fuego.
Caŕceles y lugares de detención sobrepoblados también son inseguridad
No es verdad que no se detiene a nadie o que hay una puerta giratoria donde los delincuentes entran y salen con rapidez luego de cometer un hecho ilícito.
Entre el 2014 y el 2021 el crecimiento de personas privadas de libertad fue del 218,5% en nuestra provincia. Actualmente hay 8.271 personas privadas de libertad en unidades penitenciarias. Sin embargo la capacidad total declarada por el sistema penitenciario es de 6.374 personas.
Por otro lado, hay centenares de personas alojadas en sedes policiales (comisarias), que vale recordar no están preparadas para que las personas sometidas a encierro vivan en esos lugares.
En las cárceles verdaderas, las que supuestamente están acondicionadas para albergar presos, como Coronda y Piñero hay en estos momentos una sobrepoblación de 49,7% y 47,7% respectivamente.
En todas las prisiones que tiene nuestra provincia hay 5.063 condenados pero 3.208 están procesados. Es decir, sobre estos últimos no se determinó si son culpables o inocentes.
Entre 2020 y el 2021 murieron 66 internos dentro de las cárceles. Falta el dato del año pasado, donde también se cometieron crímenes intramuros.
No es necesario ser un militante de los Derechos Humanos para afirmar que acá se están vulnerando varios. Pero más grave aún es el resultado que generan estos números, cuando quienes logran la libertad enfrentan a la sociedad. Vuelven a robar, vuelven a violar, vuelven a herir o a matar. Es un circulo vicioso, un circuito criminal que nadie aborda en forma integral y que los responsables de hoy y de antes no atacaron en su momento y hoy sus soluciones son más drásticas y dramáticas.
Hay propuestas y personas dispuestas a instrumentarlas: faltan los consensos
El gran desafío que se plantea en estos y otros temas, es lograr que la clase dirigente deje de mirarse el ombligo y encuentre soluciones a los grandes problemas que afectan seriamente a los ciudadanos. Les estamos pidiendo a gritos que se pongan de acuerdo e instrumenten políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que sean respetadas cualquiera sea el Frente o partido que gobierne.
El Estado en todos sus ámbitos tiene que “ganar” los territorios conflictivos, con presencia de fuerzas de seguridad, pero fundamentalmente con educación, trabajo, salud y deporte.
En el caso de la inseguridad, o de la falta de seguridad y sus consecuencias directas, hay soluciones en la problemática carcelaria, pero se necesitan fuertes consensos y voluntad política para instrumentarla.
Un abordaje integral de esta problemática requiere de acciones y programas interinstitucionales que van más allá de la construcción de nuevos espacios de encierro:
-Tratar la problemática de la sobrepoblación en mesas de diálogo interpoderes bajo el paradigma de la corresponsabilidad política.
-Documentar el impacto de la sobrepoblación, la falta de cupos educativos y laborales, y su impacto en las fases de progresividad, con el objeto de promover el desarrollo de acciones jurídicas y políticas estratégicas a partir de la información producida.
-Relevar las demoras y obstáculos que se encuentran en relación a los informes criminológicos, y fortalecer la capacidad técnica y de recursos humanos del servicio penitenciario.
-Crear el mecanismo local de prevención de la tortura (Ley 26.827).
-Racionalizar el uso de la prisión preventiva, promover el uso de medidas alternativas, y desarrollar acuerdos interinstitucionales para su acceso y sostenibilidad.
-Promover la reforma procesal penal juvenil.
-Optimizar el funcionamiento del mecanismo para la concesión de indultos y conmutaciones.
-Elaborar un proyecto de Ley de Cupo en las unidades, con amplia participación.
-Establecer un sistema de registro y monitoreo con el órgano de revisión y promoción de derechos de los usuarios de los servicios de salud mental de la Provincia de Santa Fe que funciona en la órbita de la Defensoría del Pueblo sobre medidas de seguridad, acceso a servicios de salud mental y violencia institucional en contextos de encierro.
-Desarrollar estrategias intersectoriales e integrales de abordaje personalizadas para la restitución de derechos, reducción de daños y prevención de la violencia.
-Mejorar el equipamiento tecnológico que permita el acceso a la educación.
-Visibilizar e implementar alternativas basadas en la justicia restaurativa.
Este viernes buscá en nuestra web el informe especial #PrivadosDeLibertad, una mirada sobre la realidad de la inseguridad en la ciudad y la provincia.
— LT10 (@radiolt10) January 13, 2023
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La mayoría de estas propuestas son de funcionarios actuales, por ejemplo la Defensora Provincial de Santa Fe, Dra Jaquelina Balangione, pero es una de las pocas voces que se escuchan. Hay también otros especialistas preocupados y ocupados en este “desmadre” que cuesta vidas y bienes todos los días, pero sus ideas nunca llegan a los despachos donde se pueden definir estrategias oficiales.
Este es un año electoral y debemos exigir como ciudadanos que cada uno de los que dicen que vienen a solucionar lo que está mal nos expliquen cuál es el plan, como lo van a hacer y con quién. También este 2023 se cumplen 40 años en Democracia y aún siguen pendientes muchas políticas de Estado que nos prometieron y que todos sin excepción , y distintas etapas y ámbitos, no cumplieron. Es hora que empiecen a hacerlo. Cómo en este caso, donde los que deberíamos vivir tranquilos en libertad estamos con miedo y sin ninguna esperanza que esto cambie. Es decir, privados de seguridad.
Fuentes: Defensoría Provincial de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación, Servicio Penitenciario provincial, Archivo LT10.