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Salud y maltrato infantil. El nuevo sistema provincial, es el título de un trabajo elaborado por el Nodo de Salud en estos términos:

El nuevo sistema, que está creciendo “desde el pie”, es una etapa que supone la transición desde lo “viejo” que muere hacia lo nuevo que está naciendo, supone una mejora sustancial en materia de accesibilidad a partir de la descentralización. Hoy cualquier vecino puede acudir a su centro de salud barrial, que es la puerta de ingreso para empezar a tratar este flagelo social.

Las leyes no cambian la realidad inmediatamente, pero cambian la mirada con la cual se abordan los problemas y cambian la percepción de sí mismos que tienen los sujetos. No es lo mismo ser sujeto de derecho y poder reclamar, hacer exigibles esos derechos, que no poder hacerlo. Las leyes sirven para fijarse un horizonte, para caminar, para soñar lo mejor que la sociedad piensa o quiere de sí misma. A partir de la ley provincial 12.967, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada en marzo de 2.009, se abrió la puerta a una nueva praxis estatal en el tratamiento del maltrato.
El nuevo sistema provincial, que se está construyendo paso a paso, día a día, adoptó una lógica de funcionamiento diseñada esencialmente para el cumplimiento de los objetivos de la nueva legislación, basada en los principios más modernos de la legislación internacional. No se trata de un modelo antojadizo, sino de una construcción cuyo objetivo central es adecuar el quehacer de los distintos organismos públicos al nuevo paradigma, en la que el abordaje de la problemática pone al Estado en el centro de la escena, como garante central en el cumplimiento de los derechos de los niños maltratados, a partir de un abordaje multidisciplinario e integral. Abandonando las concepciones esencialmente medicalizadoras y punitivas que dejaban en segundo plano aspectos relativos al mundo afectivo, ya que dominaba la concepción tendiente a separar a los niños de todos sus parientes, por considerarlos esencialmente “peligrosos”. Esto derivaba muchas veces en la pérdida de identidad afectiva, la falta de contactos con seres queridos no vinculados a los hechos violentos, por largos períodos de tiempo, en ocasiones años. Además del maltrato, los niños sufrían esa reclusión a partir de la “institucionalización”, con la excusa de separarlos de las personas potencialmente violentas.
La institucionalización no es la primera respuesta que debe darse a un niño y a su familia, sino que se tiene que trabajar para evaluar lo que está pasando en ese grupo familiar, qué es lo que está dificultando el desarrollo integral del niño o la posibilidad de criarse en ese marco familiar y evaluar otras alternativas. Hay niños que pueden llegar a estar en familias de tránsito o junto a otros miembros de la familia ampliada, pero no es la institucionalización el modo de resolver hoy la situación de vulneración de los Derechos del Niño.
La integralidad como concepto implica trabajar junto a otros, construir corresponsabilidad. Concurren así al tratamiento del maltrato las áreas de Salud, Desarrollo Social, Educación, seguridad y los gobiernos locales, los que junto con las familias articulan un trabajo para revertir la problemática.
Integralidad en el tratamiento supone el seguimiento de los niños afectados por profesionales de distintas áreas (psicólogos, profesores de arte, educación física, médicos, asistentes sociales, etc) posibilitando el acceso de los niños a derechos (identidad, educación, salud, de recreación). Estos derechos tienen que ser garantizados por acciones del Estado, según dispone la ley 12.967.
El nuevo sistema, que está creciendo “desde el pie”, es una etapa que supone la transición de lo “viejo” hacia lo nuevo que está naciendo, supone un esfuerzo enorme en la lucha contra una problemática compleja, una mejora sustancial en materia de accesibilidad, ya que a diferencia de otras épocas, donde el tratamiento de estas problemáticas se centralizaba en un sólo efector, dificultando la llegada de familias con carencias económicas, hoy cualquier vecino puede acudir a su centro de salud barrial, que es la puerta de ingreso para empezar a tratar este flagelo social. El tratamiento y prevención de otras problemáticas sanitarias (como por ejemplo el cáncer de útero) ha demostrado palmariamente que a partir de la descentralización de la oferta de servicios en los centros de salud, se amplió sustancialmente la cobertura estatal.



Se trata de un modelo de trabajo en el cual el problema del maltrato o abuso se toma desde donde ingresa, desde el centro de salud. El centro de salud hace el primer contacto con el niño afectado y es el que dispara todas las relaciones con la Subsecretaría de Infancia, de Niñez dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y en el área Salud con equipos de trabajo (el equipo del centro de salud que hace nexo con equipos de fortalecimiento, que van pivoteando en el territorio y ayudan y colaboran con los centros). Hoy se están mejorando estos dispositivos organizativos que fueron armados desde lo teórico pero en ocasiones cuesta instalar en la práctica, porque existe una transición desde que se va desarticulando la cultura de patronato, que tiene una práctica en el país de casi cien años, la lógica de sanción reclusiva, de biologización del problema del maltrato. Instalar las nuevas prácticas llevará tiempo y como todo cambio histórico, ofrecerá sus resistencias por intereses creados, y posiciones ideológicas adversas al cumplimiento de la nueva ley, ancladas en visiones familiarizadas con el viejo sistema. Quienes se oponen a las nuevas prácticas sostienen básicamente una lógica privada y de beneficencia en el manejo de estas problemáticas de maltrato infantil que va en contra de la lógica del derecho que hoy rige, adaptada a la legislación internacional más avanzada que sólo puede garantizar el Estado.
Con el nuevo sistema se tiende a modificar el tratamiento de la problemática, haciendo un acompañamiento a los niños durante y después del proceso judicial. Se realizaron abordajes muy complejos, varios de ellos exigieron actuar frente a la muerte de un niño por maltrato intrafamiliar y se pudieron armar dispositivos de alojamiento que garantizaran no separar al grupo de hermanos, posibilitar un acompañamiento adecuado, contención psicológica, atención médica, operadores de infancia que facilitaron recreación, salidas, encuentros con pares.

Santa Fe, a principios de 2009, adhirió a la ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De ese modo, nuestra provincia se transformó en el primer estado federal argentino en suscribir una legislación de avanzada, que contiene los principios y derechos emanados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y se adecua a la Constitución Nacional de 1994. La ley provincial que determinó esta adhesión es la 12.967.
Esta nueva legislación suprimió instituciones ya arcaicas, como el patronato de menores, que había sido concebido hace más 90 años en Argentina y no respondía a las necesidades de la nueva realidad, con toda la complejidad y las asimetrías e injusticias sociales que entrañan las sociedades modernas.

La nueva legislación, en cuya construcción participaron democráticamente distintos estamentos de la sociedad civil y fue votada tanto por el oficialismo como por la oposición, instauró una nueva mirada sobre la problemática de la violencia infantil.
Este cambio de paradigma sujeto a los principios de la Convención de los Derechos del Niño tuvo que ver, fundamentalmente, con un eje central, considerar al niño como sujeto de derecho, como una persona en desarrollo y que se le brinde, por lo tanto, un tratamiento adecuado a su madurez, un tratamiento reconociéndolo como persona.

Esto significa superar el concepto del Estado tutelando al niño como un incapaz que no podía ser oído, ni defenderse, ni emitir opinión, ni participar en la medida de sus posibilidades y de su desarrollo en las distintas circunstancias en las que se encuentra involucrado. Ser sujeto de derecho individuales y en libertad de decidir sobre sus cosas y sus vidas significa que el niño debe dejar de ser tratado como objeto de la piedad adulta, cosa que ocurrió a lo largo de casi un siglo en el país.
Pero además, otro objetivo central de la nueva ley de protección de la niñez en Santa Fe pasa por erradicar la judicialización de la pobreza, que en la mayoría de los casos suponía la “institucionalización” y el virtual confinamiento de los mismos afectados por la violencia, niños de condición humilde, en instituciones privadas que aún expresando las mejores intenciones, carecían de la capacidad de respuesta del Estado. En la práctica, la institucionalización se constituyó en un doble castigo.
Durante décadas, la condición de chicos pobres determinó la imposibilidad de vivir con su familia en muchos casos y esta nueva legislación pretende permitir y garantizar que la familia tenga la diversidad que sus condiciones económicas, sociales y decisiones personales le generen.