El gobernador Hermes Binner participó esta mañana en el acto mediante el cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, tomó juramento a las autoridades del nuevo sistema procesal penal.
Mediante el decreto Nº 198/2011, se designó fiscal general de la provincia a Julio de Olazábal, y fiscales regionales de la circunscripción judicial Nº 1 (Santa Fe) a Ricardo Fessia; de la Nº 2 (Rosario), a Jorge Camilo Baclini; de la Nº 4 (Reconquista) a Eladio García; y de la Nº 5 (Rafaela) a Carlos Arietti.
Por otro lado, el decreto Nº 199/2011 designó defensor provincial a Gabriel Ganon; mientras que los defensores regionales serán: de la circunscripción judicial Nº 1 (Santa Fe), Sebastián José Amadeo; Nº 2 (Rosario), Gustavo Daniel Franceschetti; Nº 4 (Reconquista), Ariana Flavia Quiroga; y Nº 5 (Rafaela), Estrella Moreno.
Todos habían sido seleccionados a través de un concurso de antecedentes y oposición, en el que debieron exponer y defender en audiencia pública –con participación ciudadana– un plan de trabajo presentado previamente. Los tribunales evaluadores estuvieron conformados por expertos locales designados por sorteo -de las universidades nacionales con asiento en la provincia y de los colegios de abogados-, por fiscales y defensores de otras provincias y por referentes de organismos internacionales.
El acto de jura se llevó a cabo en el recinto de la Corte, ubicado en el Palacio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe. En la oportunidad estuvieron presentes los ministros del cuerpo, la vicegobernadora Griselda Tessio; los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti; de Seguridad, Álvaro Gaviola; de Desarrollo Social, Pablo Farías; y de Obras Públicas y Vivienda, Hugo Storero; el Fiscal de Estado, Jorge Barraguirre; y el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo.
UN NUEVO SISTEMA PENAL
Al término del acto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, formuló declaraciones al ser consultado por la prensa. “Hoy es un día muy importante, porque a partir del juramento de las nuevas autoridades se pone en marcha, por un lado, el plazo establecido por la ley de prórroga de 180 días (para la entrada en vigencia plena del nuevo Código Procesal Penal), y por otra parte, ahora sí la construcción del nuevo sistema tiene responsabilidades compartidas desde el punto de vista institucional”, expresó Superti.
“Las nuevas autoridades van a tener un trabajo muy arduo: deberán dictar reglamentos, armar estructuras. El Poder Ejecutivo hará los concursos de fiscales y fiscales adjuntos, defensores y defensores adjuntos. La Legislatura va a tener que tratar los cargos, ésos que devolvieron en su momento, y algunas leyes complementarias. Y la Corte deberá resolver toda la cuestión de los directores de la oficina de gestión judicial, qué jueces quedan en el sistema viejo, quiénes pasan al sistema nuevo”, explicó el ministro.
“UN PUNTO CLAVE”
“Estamos en un punto clave: si todos empujamos para un mismo lado –Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial– en el plazo de 180 días podremos implementar en forma definitiva el nuevo Código”.
Más adelante, el ministro recordó que “en esta primera etapa las nuevas autoridades deberán armar las estructuras de las instituciones, es una etapa de organización. El día que se ponga en marcha el nuevo Código, la Fiscalía tendrá a su cargo la persecución penal, es decir la investigación de los delitos que se cometan y luego la respuesta del Estado frente a esos delitos –salidas alternativas en un caso y la acusación en otro–, mientras que los defensores tendrán que armar el servicio de tal manera que cuando haya una persecución penal en este sistema de equilibrio haya una defensa adecuada”.
NUEVO CONCURSO PARA VENADO TUERTO
Por último, Superti señaló que “a nivel directivo las únicas autoridades que faltan son las de Venado Tuerto. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha convocado a un nuevo concurso para fiscal regional y defensor regional de esa circunscripción. Lo que pasa es que en esos concursos van a ser jurados el fiscal general y el defensor provincial de acuerdo a lo que establece la normativa. Justamente estábamos esperando que asumieran para poder publicar los edictos”, finalizó.
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.