La resolución ha sido adoptada tras una reunión mantenida entre el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, y la embajadora. El ministro consideró que Hodges no ofreció una "información satisfactoria" respecto a los cables enviados a Washington que fueron revelados por WikiLeaks.
En esa reunión, Patiño dijo a la embajadora que "el gobierno (ecuatoriano) estaba sorprendido y el presidente absolutamente indignado, y que quería conocer la veracidad de esa información". "La señora simplemente manifestó que esa documentación había sido robada y no tenía que hacer ninguna observación, ningún comentario, ninguna aclaración", añadió.
En esas notas diplomáticas se presume que el presidente Rafael Correa estaba en conocimiento de supuestos actos de corrupción de miembros de la cúpula policial. Y se indica que el mandatario decidió nombrar como comandante a Jaime Aquilino Hurtado, acusado de diversos delitos, porque podía manipularlo fácilmente.
Patiño señaló que esta acción "no es contra el gobierno de los Estados Unidos, sino contra una funcionaria que hizo declaraciones graves".
Tras conocerse el anuncio, el gobierno de Barack Obama protestó contra la decisión de Quito y la consideró "injustificada".
"Lamentamos profundamente que el gobierno ecuatoriano lo haya hecho", replicó un vocero del Departamento de Estado a una consulta de la agencia DPA. Y dijo que los Estados Unidos "examinarán sus opciones para responder a esta acción ecuatoriana".
Hodges, quien asumió sus funciones en junio de 2008, es una de las personas "con más experiencia y talento" del cuerpo diplomático estadounidense, añadió.
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.