Reprogramaron la audiencia imputativa que iba a realizarse este martes en la causa que investiga al ex ministro Marcelo Sain y a otros ex funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial por una licitación para la compra de armas, y finalmente se llevará a cabo el próximo jueves en la sede del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe.
Sain, ex ministro de Seguridad y ex director del Organismo de Investigaciones del MPA, fue citado en libertad a una audiencia imputativa en el marco de la causa que investiga a ex funcionarios provinciales por una licitación suspendida por la Justicia para la compra de armas de fuego para la Policía de Santa Fe.
La jornada de acusación estará a cargo de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. Y se llevará adelante el jueves 28 en la sede de Fiscalía en General López al 3300.
Además de Sain, fueron citados el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas; y el ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la fuerza provincial, Marcelo Correa.
Sobre los pormenores de la audiencia, el juez Nicolás Falkenberg determinó que al llegar los investigados en libertad, el trámite se llevará adelante en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
Esto se debe a que el juez Falkenberg consideró que como los ex funcionarios a imputar están en libertad, no está en juego el control de legalidad de la detención. En caso de que los fiscales Jiménez y Hernández pidan medidas cautelares para los imputados, sí debería intermediar un magistrado debido a que pueden solicitar inhibiciones económicas o hasta la prisión preventiva.
La causa se basa en una licitación para la adquisición de 130 fusiles de asalto, 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 subametralladoras, 12 fusiles para francotiradores. Dicho acto fue frenado por un recurso de amparo presentado en la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 de Tribunales de Santa Fe.
La fiscal Jiménez secuestró el expediente de la licitación de armamento por 1.400 millones de pesos, objetado por diputados opositores, y también el de motos por un valor de 370 millones de pesos. En febrero del año pasado, la Justicia había frenado la licitación.
La firma Bersa, que produce pistolas, se sintió excluida y consiguió una cautelar en Tribunales de Santa Fe. A partir del freno impuesto por la Justicia sobre la licitación, el ministerio de Seguridad provincial había expuesto los argumentos por los que licitó la compra de armas como unidad indivisible, de distintas características, sin permitir la cotización ni la competencia por rubros.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1 hizo lugar una serie de planteos que realizó la firma Bersa, que produce pistolas semiautomáticas a nivel nacional y la cual ya había participado en otros procesos licitatorios abiertos por el Estado provincial.
La apertura de sobres de licitación estaba prevista realizarse el 5 de febrero de 2021. Pero todo se truncó cuando Bersa interpuso un amparo tras argumentar que la licitación provincial “vulnera el derecho de poder participar” y que “no sólo restringe en forma irregular y arbitraria la participación de posibles oferentes en el procedimiento vulnerando los principios de igualdad, concurrencia, competencia y transparencia, sino que también permite anticipar que la licitación será adjudicada a la única oferente que puede aportar los productos que cumplen en forma precisa las especificaciones técnicas”.