La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile pidió exhumar el cadáver del expresidente Salvador Allende, en medio de una ofensiva por esclarecer cientos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
La acción judicial, presentada por el abogado Eduardo Contreras, busca determinar como murió el exmandatario durante el golpe militar contra su gobierno el 11 de septiembre de 1973.
"Entendemos el dolor de la familia, pero lo más importante es la verdad histórica y la justicia", dijo Contreras, quien lideró en Chile las querellas contra el fallecido dictador Augusto Pinochet.
La solicitud, ante la cual no hay un pronunciamiento de la familia Allende, deberá ser decidida por el juez Mario Carroza, quien ya inició interrogatorios en el caso.
La muerte de Allende, quien según todos los testimonios se suicidó de un balazo, jamás fue investigada por la Justicia, hasta que este año la Corte Suprema decidió investigar 726 violaciones a los derechos humanos jamás sometidas a análisis.
En Chile, donde unas 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecieron durante la dictadura militar de Pinochet, un número menor de represores cumple condena efectiva.
De los 110 ex uniformados condenados los últimos tres años, sólo 22 cumplen hoy penas efectivas, según cifras del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. En total, de 200 condenados en los últimos 15 años, sólo 65 están presos. Los demás recibieron penas remitidas, en virtud de leyes ordinarias de prescripción de los delitos.
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.