El Gobierno autorizó la compra de unas 500.000 toneladas de trigo a una cooperativa asociada a la Federación Agraria para su comercialización a empresas multinacionales y exportadoras, y desató una interna entre las entidades del agro.
La autorización que beneficia a una entidad ligada a la Federación Agraria, de Eduardo Buzzi, fue denunciada y criticada con dureza por la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales, lo cual avivó la interna en la Mesa de Enlace.
Las entidades rurales que presiden Hugo Biolcati y Mario Llambías salieron a cuestionar con dureza la decisión oficial de permitir la compra de medio millón de toneladas para la industria molinera y la exportación.
La decisión oficial va en contra de los pedidos de la Mesa de Enlace, dado que de manera indirecta aumenta el intervencionismo estatal en el mercado triguero y, según la entidades rurales, "beneficia a las multinacionales".
Confederaciones Rurales (CRA) denunció que, a pocas horas de haber concluido la medida de fuerza dispuesta por los ruralistas, "asomó de manera desembozada la política oficial del Gobierno y la respuesta a la comercialización de trigo".
Según CRA y la Sociedad Rural, durante la jornada se conoció una nota enviada por la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) a sus molinos asociados para instruirlos a realizar una compra "discrecionalmente dirigida" de 500.000 toneladas de trigo.
Esa compra deberá ser realizada en el plazo de treinta días a una sola cooperativa y al precio FAS teórico, sostenía la nota que, según las entidades, tenía "expresas instrucciones del ministro de Agricultura, Julián Domínguez".
La compra por parte de la Industria Molinera será realizada a la Cooperativa AFA (un nucleamiento federado vinculado a la Federación Agraria), por la cual se estarían canalizando ventas hacia las multinacionales.
"La irrupción digitada de compras a determinados vendedores acrecienta el intervencionismo oficial que ha generado la total distorsión del mercado triguero, en detrimento de unos pocos elegidos, que medran con dicha situación", advirtió CRA.
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina repudió la situación y denunció que el agro está "ante una nueva demostración de amiguismo en el comercio de granos".
"La SRA expresa su repudio a un sistema de comercialización corrupto y concentrado que permite el beneficio de unos pocos amigos del poder perjudicando enormemente a los productores y a los consumidores", dijo la entidad que preside Hugo Biolcati.
En ese sentido, denunció que se trata de un "nuevo ataque a la comercialización del trigo imposibilitando la competencia entre la industria y la exportación y entre las empresas exportadoras para la compra del cereal".
Agregó que también se trata de "un severo ataque a los productores agropecuarios en general que no pueden practicar el legítimo derecho que tiene todo argentino que ejerza una industria lícita: el de vender su producción en condiciones de competencia y transparencia".
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