El croquis del lugar donde supuestamente funcionó un "vacunatorio VIP" contra el coronavirus, el registro de ingresos de los últimos 60 días y las imágenes de las cámaras de seguridad son algunas de las pruebas que recolectó la Policía Federal en el allanamiento al Ministerio de Salud y que ahora ya están en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
Además, aún está pendiente el allanamiento que pidió el fiscal federal Eduardo Taiano al Hospital Posadas, cuyo personal fue el que inoculó a una lista de funcionarios políticos, periodistas y dirigentes sindicales, así como a familiares de los mismos.
Del allanamiento realizado en la noche del pasado lunes la jueza ya cuenta con un croquis del lugar donde supuestamente funcionó el "vacunatorio VIP", así como también se prestó particular atención a un centro de vacunación que funcionó años atrás en el quinto piso en una campaña contra la gripe.
Además, por estas horas la jueza Capuchetti define el pedido de allanamiento que también está dirigido al Hospital Posadas. La idea es planificar qué se va a buscar en ese allanamiento y no se descarta que la jueza amplíe las medidas en el lugar más allá de las que solicitó el fiscal Taiano.
Por ahora, los dos únicos imputados son el ex ministro de Salud Ginés González García y su sobrino, Lisandro Bonelli, quien fuera personal del Ministerio de Salud y también renunció a raíz del escándalo.
El operativo fue llevado adelante por la división de Delitos contra Salud y Falsificación de Fármacos de la Policía Federal. Taiano también solicitó que se allanara el Hospital Posadas, pero por ahora la jueza no avaló esa medida.
Taiano imputó formalmente al exministro González García y a su exjefe de gabinete Lisandro Emilio Bonelli, su sobrino, en el caso en que se investiga el vacunatorio VIP que funcionaba en su cartera.
Taiano sostuvo en su dictamen que según las denuncias Ginés González García habría dispuesto que personal del Hospital Nacional Posadas concurriese a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para inmunizar a diversas personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos del "Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina", dictado el pasado 29 de diciembre.