El viernes 5 de febrero, funcionarios locales y provinciales clausuraron obras que estaba realizando sin habilitación una empresa constructora a la vera del riacho Santa Fe, al costado de la ruta 168, en inmediaciones al acceso a Alto Verde. Las mismas tenían un significativo grado de avance: se habían hecho importantes movimientos de suelo y construido un terraplén.
Este jueves, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación especializado en Delitos Ambientales, Estanislao Giavedoni, resolvió abrir una causa penal al respecto. Paralelamente, la Municipalidad se constituyó como querellante damnificada en la investigación.
En cuanto a esto último, el secretario General del Ejecutivo local, Miguel González, argumentó hoy la decisión ante el móvil de LT10: “podemos pensar que hay responsabilidad de la empresa en cuanto a haber hecho un movimiento de suelo que puede traer una serie de dificultades para el ambiente y que tiene que ver con incumplimientos de leyes provinciales”.
Asimismo, adelantó que el Municipio aportará las pruebas encontradas hasta el momento, y aclaró que más allá del expediente judicial, “el Tribunal de Faltas está evaluando cuál es la penalidad que debería tener esta empresa”.
“Los pasos legales los determinará la propia Justicia, nosotros hemos aportado los elementos técnicos que tenemos, marcando cuáles son los incumplimientos que entendemos que se pudieron haber provocado, ya que no hay un permiso de obra actual en la Municipalidad”, continuó.
Finalmente, señaló que “hay algunas actuaciones que se hicieron hace más de 20 años en torno a pensar una obra en ese lugar”, pero aseguró que “la mayoría de las normas que se generaron respecto del tema del ambiente, el movimientos de suelo, de cuestiones hídricas y de bosques son todas normas muy posteriores a esas presentaciones”. Por lo tanto, concluyó, “esos eventuales permisos estarían perimidos”.