El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, convocó a una reunión que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno, y de la que participaron los presidentes de los Colegios de Abogados de Rosario y de Santa Fe, dirigentes gremiales del sindicato de trabajadores judiciales de la provincia y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), José María Benvenuti; entre otros.
Superti explicó los alcances de los concursos de oposición y antecedentes que se realizarán para seleccionar a los fiscales y defensores del nuevo sistema de justicia penal, que implican más de 200 cargos, al tiempo que se abordaron cuestiones informáticas y edilicias, en especial relacionadas con la construcción del edificio del Centro de Justicia Penal de la capital provincial.
Tras la designación de las máximas autoridades de la Fiscalía y la Defensa, que fueron elegidas por concurso y asumieron el pasado 5 de abril, el gobierno de la provincia firmó un convenio de colaboración para el suministro de bienes y servicios básicos destinados al Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal, de modo de avanzar en la implementación del nuevo sistema procesal penal en la provincia. Además, el gobernador Hermes Binner envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear 800 cargos de soporte a la Fiscalía, la Defensa y el nuevo sistema de jueces penales.
Ahora, Superti convocó a distintos sectores vinculados con el quehacer judicial a los fines de intercambiar ideas sobre los concursos de antecedentes y oposición que se abrirán para cubrir los cargos de fiscales, fiscales adjuntos, defensores públicos y defensores públicos adjuntos. El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos se explayó sobre los criterios que se utilizarán para la evaluación de los postulantes, la integración de los jurados y los mecanismos de designación.
En relación a las cuestiones edilicias, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Salvador Aiello, expresó su preocupación por las demoras en las obras del nuevo Centro de Justicia Penal en la ciudad capital, sobre la base del edificio proyectado años atrás y que se ubica en la parte posterior de la actual sede de los tribunales.
Superti advirtió que “la decisión del gobierno es llevar adelante esa obra, y en ese sentido se ha incluido la partida pertinente en el Presupuesto 2011. Pero previamente deben modificarse los planos a los fines de adecuarlos al nuevo sistema de justicia penal, para lo cual arquitectos de este ministerio remitieron el 18 de marzo a la Corte Suprema un informe técnico sobre la reformulación del proyecto elaborado por los autores originales con observaciones, sin recibir respuesta sobre el particular”.
De la reunión participaron, además de Aiello, su par de la ciudad de Rosario, Ignacio del Vecchio; por el sindicato de trabajadores judiciales de la provincia, Juan Nucci y Héctor Durunda; el defensor provincial, Gabriel Ganon; y el fiscal general, Julio de Olazábal, así como autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre ellos el secretario de Transformación de los Sistemas Judiciales, Carlos Giandoménico, y el director de Transformación del Sistema Procesal Penal, Víctor Moloeznik.
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.