Los incendios de pastizales e islas son una constante en el paisaje santafesino. A la vera de la Ruta Nacional 168, en la Autopista Santa Fe-Rosario o debajo del Puente Carretero, a diario, bomberos deben sofocar las llamas de quemas intencionales. Por este motivo, la Fiscalía Regional de la Primera Circunscripción Judicial comenzó una investigación de oficio.
Las diligencias se iniciaron el jueves de la semana pasada y están a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni.
El funcionario del MPA informó que “se agregaron al legajo sendas denuncias presentadas el viernes pasado en el MPA”. En tal sentido, detalló que “una de ellas es del Poder Ejecutivo provincial –suscripta por el Fiscal de Estado, Rubén Luis Weder–, y la otra es del intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, con patrocinio del fiscal municipal, Leandro Maiarota”.
“Estamos ante hechos que afectan el derecho a un ambiente sano en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional”, sostuvo Giavedoni y añadió que “también hay que tener en cuenta lo establecido en los artículos 186 y 189 del Código Penal en los que se refiere a quien cause incendios y establece las correspondientes penas en función de la culpa o el dolo de la figura delictiva”.
“En nuestra zona no hay interjurisdiccionalidad del fenómeno, es decir, los focos ígneos se producen dentro de los límites provinciales. Por eso la competencia es ordinaria y corresponde al MPA la investigación”, aclaró.
“El objetivo de las diligencias ordenadas es obtener la mayor información posible para determinar eventuales responsables que, por acción o por omisión, hubiesen colaborado con las quemas producidas”, manifestó el fiscal.
En cuanto a la recopilación de pruebas, Giavedoni informó que se solicitaron informes a Bomberos y al Servicio Meteorológico Nacional y se requirió la actuación de personal especializado en delitos ambientales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que realicen tareas de reconocimiento y verificación de los hechos.
“También contamos con imágenes satelitales y enviamos oficios a Catastro provincial y municipal y al Registro de la Propiedad de la provincia para contar información precisa acerca de la titularidad de los dominios”, sostuvo el fiscal.